Los días 12 y 13 de mayo se celebró en Valencia el IX Congreso de la Federación Nacional de Centros y Servicios de Mayores .
Se abordaron diferentes temas y, de nuevo, se puso sobre la mesa la necesidad de unificar criterios dentro del sector de las residencias geriátricas y alcanzar también la unificación entre las grandes patronales, un empeño en el que el presidente de la Federación, Miguel Jiménez Cervera está invirtiendo sus mejores esfuerzos y que hasta ahora parece ofrecer, como él mismo explicó, resultados contradictorios. Por un lado, casi todo el sector se ha unido en la campaña para la reducción del IVA a las residencias, por otro las reuniones entre FEDERTE y la Federación Nacional se suceden al más alto nivel y cabe esperar que pronto consigan el fin que persiguen.
El programa fue prolijo por lo que destacaremos únicamente algunas pinceladas.
En la mesa redonda "el futuro de la pequeña y mediana residencia y la incidencia de los grandes grupos en el sector", profesionales del ámbito geriátrico debatieron acerca de las ventajas e inconvenientes de los diferentes modelos de negocio. En este marco, Ignacio Fernández-Cid, vicepresidente de AMRTE (Asociación Madrileña de Residencias de Tercera Edad y Centros de Día) aseguró que "tanto los geriátricos pequeños como los grandes grupos pueden convivir perfectamente en el mercado" ya que cada tipo de residencia responde a unos valores y capacidad para dar respuesta a las diferentes necesidades que tienen los mayores. También Mariano López-Ayala, miembro de la Junta Directiva de AMRTE y asesor jurídico del grupo Ballesol, aludió al "enorme esfuerzo" realizado por la iniciativa privada "que la sociedad y la Administración han de reconocer". De la misma manera, demandó a los poderes públicos "realismo y planificación" -ya que, según dijo, el futuro a medio y largo plazo es incierto-. López-Ayala solicitó a la Administración "la homologación de las categorías profesionales de los trabajadores de las residencias y, por otra parte, que impulse y no expulse a la iniciativa privada". A su juicio, "lo importante no es sólo construir, debemos pensar también en el usuario". Se preguntó, asimismo, qué ocurrirá con las plazas geriátricas ya creadas.
Algunos de los datos que fueron apareciendo durante las intervenciones resultan muy interesantes: mientras el 12% de las plazas en geriátricos privados de toda España se encuentran desocupadas (unas 18.500), la lista de espera para acceder a una residencia de mayores pública es de 75.000 personas (cifra que alcanza las 85.000 según algunas estimaciones). Así, de las 3,1 camas por cada cien mayores que anunciaba el informe 2002 "Las personas mayores en España", y que fue realizado por el anterior gobierno, los estudios más recientes señalan que a corto plazo se alcanzará la cifra de 4,6 camas por cada cien personas, unos números más cercanos al nivel de Europa (5,2). Concretamente, a día de hoy hay en España 269.110 plazas de residencia, y, en un plazo de, entre uno y dos años, se construirán otras 45.660. Los datos provienen de un informe de la FNM, que realizó 290.000 encuestas durante 2003 en todas las residencias del país (4.814) y en los ayuntamientos.
La dependencia ha supuesto los últimos años la existencia de un importante sector de actividad: supone que ahora casi seis de cada diez camas residenciales geriátricas pertenecen, y son gestionadas, exclusivamente por entidades privadas, o lo que es lo mismo: las empresas tienen en sus manos nada menos que un 57% del total de plazas existentes en España. De tal forma que la oferta pública apenas representa un 19,6%, y la concertada (de titularidad pública pero gestionada por el sector privado), un 7,8%. Congregaciones y fundaciones religiosas controlan el 15% restante.
No obstante, y aunque la atención a los mayores (ancianos dependientes en muchos casos) se muestra en ciertos medios como un negocio redondo, hay factores que inciden en que en muchas ocasiones no se alcancen los beneficios. Actualmente, el 12% de sus plazas están vacías. Además,. "Las instituciones públicas no pagan lo suficiente como para que el empresario invierta en plazas concertadas. Sus precios son muy bajos. Pagan unos 900 euros al mes por cada cama, cuando a nosotros nos cuesta entre 1.200 y 1.400 euros. Sólo pretendemos cubrir los costes y ganar un margen mínimo de beneficios", afirmó Miguel Jiménez, presidente de la FNM..
Las explicaciones de la FNM están en sintonía con la posición que adopta la Ceoma. Su presidente, Eduardo Rodríguez Rovira, considera que "es inadmisible que cueste menos una plaza concertada que una pública", la cual ronda los 1.500 euros mensuales, según los datos de esta organización. "La Administración -dice Rovira- tiene que subir los precios de salida porque si no se deteriora la calidad". Ésa es otra de las preocupaciones que traen de cabeza a esta asociación, y para cuya solución propone que existan entidades independientes encargadas de acreditar el nivel de calidad de las residencias.
Durante el Congreso se informó también de que la Federación Nacional trasladará al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y a la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales la petición de aumentar el número de plazas concertadas y potenciará la implantación de un sistema de calificación de los centros similares a las estrellas de los hoteles.