La Ley de Dependencia se ha presentado desde que se empezó a redactar como un importante generador de empleo. Sin embargo, esta potencializad está siendo desaprovechada. A esta conclusión llega la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) que denuncia que existan más de 50.000 plazas vacías en residencias geriátricas y centros sociosaniarios. Si estas plazas libres fueran ocupadas, la consecuencia sería crear 30.000 nuevos puestos de trabajo estable y no deslocalizable y, además, según AERTE sin coste para el Estado.
La información difundida por AERTE indica que esa ausencia de coste se debe a que los 30.000 nuevos empleos para atender las plazas concertadas supondría un desembolso de 550 millones de euros para el sistema de Dependencia. Pero el retorno recibido por las administraciones públicas sería de 684 millones de euros (recaudación por IVA, IRPF, Sociedades más un ahorro en el subsidio del paro), lo que supondría un saldo favorable de 130 millones de euros.
Leemos en el semanal digital, las propuestas que hace Alberto Giménez, presidente de AERTE:
Para alcanzar estos objetivos, el presidente de Aerte y representante del sector de Dependencia en la CEOE, Alberto Giménez, propone un cambio de reglas, un nuevo convenio de financiación entre el Estado y las Comunidades Autónomas "para equilibrar las aportaciones", ya que las regiones correrían con la mayor parte de los costes, mientras que el Estado se llevaría la mayoría de los retornos. Por eso, el Gobierno tendría que reconocer que son las regiones las que están haciendo el mayor esfuerzo en desarrollar la Ley, asegura el presidente de Aerte. Giménez señala que "no se puede perder ni un minuto más sin crear empleo" y considera posible "crear servicios, aumentar prestaciones sociales, generar empleo y reducir el déficit".