LA ASOCIACIÓN DE DIRECTORES PONE NÚMEROS AL RECORTE DE LA LAPAD

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales suelen explicar la realidad que está viviendo el Sistema de Atención a la dependencia de una forma especialmente dramática.  Una cosa es hablar de números y porcentajes, otra mucho más cercana es hablar de personas.

En una nota difundida recientemente calculan cuántas personas dependientes (ancianos, discapacitados..)  están perdiendo la prestación de dependencia debido a los recortes.

En esta ocasión la diana de los dardos de la Asociación es el gobierno canario.

El Sistema de Atención a la Dependencia cerró una cama residencial cada cuarenta minutos durante el mes de diciembre de 2013, 3.138 personas en situación de dependencia perdieron el derecho a ser atendidas, a la vez que se registraron 402 beneficiarios menos.

El número de plazas en servicios residenciales para personas mayores en España es de 382.523 (de las que 130.424 son para personas en situación de dependencia), lo que supone 4,66 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años. Esta ratio va de los 2,3 plazas de Murcia o 2,9 de Canarias a los 7,4 de Castilla y León. El desmantelamiento de la Ley de Dependencia y la amenaza de la reforma local que amenaza el futuro de 567 residencias con más de 30.000 plazas dependientes de los ayuntamientos y entidades locales hacen presagiar un futuro de sufrimiento y abandono de las personas más vulnerables.

Frente a estos datos, contrasta saber que el 10% de los enfermos crónicos generan el 55% de las estancias hospitalarias, y un 5% de estos enfermos representan ellos solos el 40% de todos los ingresos.

Al conjunto de la ciudadanía, y a las personas que necesitan servicios sanitarios y sociales simultánea o sucesivamente para vivir con dignidad, les importa muy poco el debate sobre "lo sociosanitario” que determinados grupos de presión quieren traer a la opinión pública, por intereses puramente económicos. A las personas afectadas les importa que les lleguen las prestaciones que necesitan, cuando las necesitan. Les importa que las residencias sean lugares para vivir, aunque necesiten cuidados sanitarios similares, o un poco más intensos, a los que podrían recibir en su casa. Les importa tener la posibilidad de tener un lugar en el que pasar un tiempo de convalecencia, con la rehabilitación o los cuidados necesarios, tras un ingreso hospitalario.

Frente a estos datos, y que decenas de miles de personas con derecho ya reconocido o que pudieran tenerlo mueran sin ser atendidas por su situación de dependencia, sorprenden las declaraciones irresponsables del presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, diciendo que 400 pacientes hospitalizados "están en condiciones de irse a su casa y sus familiares no los recogen, lo que supone un bloqueo de camas que hacen falta para otros pacientes”. Precisamente el Gobierno que preside Paulino Rivero, tiene el peor desarrollo del Sistema de Atención a la Dependencia (con sus datos oficiales atiende a un 0,5% de la población, cuando la media española es del 1,6. Es decir un dependiente canario tiene tres veces menos posibilidades de ser atendido que un dependiente que viva en cualquier sitio de España).

Por otra parte, cuando Rajoy toma posesión como presidente, 1.048.424 eran personas dependientes con derecho a atención, mientras que en diciembre de 2013, este número ya se reducía hasta las 944.345, es decir, en sólo dos años 100.183 personas menos a las que se les reconoce el derecho a las atenciones de la Ley de la Dependencia. (135 bajas diarias en el sistema desde que gobierna Rajoy). Sin duda alguna, nos encontramos ante una demolición descarada del Sistema de Atención a la Dependencia. Una auténtica crueldad, por el sufrimiento que provoca en personas y familias, y una grave irracionalidad en el terreno económico, ya que mientras los hospitales se sobrecargan con personas que no necesitan permanecer en ellos, miles de plazas residenciales se destruyen o permanecen vacías, pudiendo ofrecer mejores cuidados y con un coste que apenas representa una cuarta parte de lo que cuesta una cama hospitalaria.