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Cuatro afirmaciones
básicas para enfocar el debate
1
Valoramos la iniciativa
de elaborar una Ley General de Protección
a las personas en situación de dependencia, como una gran oportunidad
para completar un nuevo y necesario marco de protección,
basado en los principios de universalidad y derecho subjetivo
de ciudadanía.
Existe unanimidad en recibir esta iniciativa con entusiasmo, y la
voluntad de participar en ella aportando toda la experiencia y sensibilidad
que nuestra práctica profesional nos permite, en el proceso
de elaboración de esta Ley, así como nuestro compromiso
con su futura implantación.
2
Consideramos imprescindible
que este nuevo escenario de protección
se desarrolle de forma transversal en el marco de los
Sistemas Públicos ya existentes –Sanidad, Servicios Sociales,
Garantía de Rentas, Educación-, sin generar estructuras
o servicios
paralelos a ellos.
Generar estructuras o sistemas paralelos a estos Sistemas supondría
el riesgo de retroceder en derechos ya consolidados y amenazaría
el desarrollo de algunas de sus estructuras y funciones, en
particular en los Servicios Sociales, por ser un Sistema menos
consolidado que los otros tres (Sanidad, Educación y Garantía
de
Rentas), y que habría de soportar una gran parte de las nuevas
funciones que deberán llevarse a cabo para garantizar el nuevo
escenario de derechos sociales de protección a las personas en
situación de dependencia. Se perdería también una
oportunidad
para conseguir la mayor eficacia y eficiencia en las estructuras
existentes en los diversos Sistemas Públicos.
Por ello nos parece inapropiado referirse al nuevo marco de protección
a las personas en situación de dependencia como "el IV
Pilar del Estado del Bienestar”, como se dice en algunas ocasiones
en el Libro Blanco. El IV Pilar del Estado del Bienestar es el Sistema
Público de Servicios Sociales, que aborda cuestiones más
amplias
en el ámbito de la convivencia personal y de la integración
social,
y no sólo en lo referente a situaciones de Dependencia.
3
Apostamos por
la vía impositiva como la más adecuada para
financiar un Sistema que genere derechos sociales universales,
basados en el principio de ciudadanía. Pero sea cual sea el modelo
de financiación o de gestión que se establezca, en ningún
caso
debe generar un sistema dual, en el que existan ciudadanos de
diferentes niveles por cualquier motivo que no sea la propia situación
de necesidad técnicamente valorada.
Ni la diferenciación entre "cotizantes” y "no cotizantes”,
ni las diferencias
por el lugar de residencia (en unos u otras demarcaciones
político-administrativas, por características del territorio
urbanorural
o cualquier otra), justifican discriminación alguna en un sistema
que debe ser, por definición, de alcance universal e igualitario.
Nadie como los profesionales de los Servicios Sociales en este
país sabemos por experiencia, lo que supone este tipo de discriminaciones
tan arraigadas en nuestro reciente pasado benéfico y
asistencial.
4
Somos conscientes del esfuerzo económico que la sociedad debe
llevar a cabo si se quiere poner en marcha un marco de protección
tan importante como éste. Pero las dificultades económicas
no deben anteponerse o condicionar el modelo de protección
que se considere más oportuno, aun cuando sean determinantes
a la hora de definir prioridades o plazos de implantación más
o
menos prolongados.
Sería absurdo ignorar la dimensión económica del
debate que
estamos llevando a cabo para poner en marcha el nuevo marco
de protección a las personas en situación de dependencia.
Su
impacto sobre la economía nacional se puede valorar en porcentajes
en todo caso superiores a un punto del PIB (sabemos que
algunas valoraciones lo acercan, incluso, a los dos puntos), aunque
también hay que contemplar los retornos económicos que
puede generar en el empleo, en incremento de la capacidad
adquisitiva de las familias y desarrollo tecnológico. En todo caso,
seremos comprensivos con un periodo de aplicación amplio, para
el cual deberían fijarse las consiguientes prioridades. Ahora bien,
lo que en ningún caso podríamos entender es que el coste
fuera
argumento para que este nuevo marco de protección a las personas
en situación de dependencia naciera con un diseño incompleto
o imperfecto. Algo que debe ser muy tenido en cuenta en
el debate que nos ocupa.
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