LA DETERMINACIÓN DEL COPAGO: LA ASIGNATURA PENDIENTE PARA OTOÑO

Ahora que ya hay ciudadanos que han sido valorados y a los que se les ha reconocido el derecho a las prestaciones por dependencia urge determinar cómo se cuantifiacará lo que han de aportar (si es que lo han de hacer) los usuarios por los servicios que precisen. La definición del sistema del copago, independientemente de la dificultad de establecer fórmulas equitativas habiendo que valorar el patrimonio, presenta adicionalmente un gran inconveniente: las diferencias entre Comunidades Autónomas actualmente existentes por lo que a aportaciones de los usuarios a los servicios públicos se refiere. Aunque la Secretaria de Estado, la Sra. Valcarce, manifieste que las diferencias están pero que "no son muy grandes" la realidad es que si que existen modelos radicalmente distantes. Todo ello implica un reto para homogeneizar el sistema en todo el territorio nacional.

De la determinación del copago ya sabemos algunas cosas que nos ha manifestado el Gobierno. Una de las más importantes es que la vivienda habitual no computará para pagar parte del coste de los servicios. Tambien sabemos quiénes estarán exentos de contribuir al sistema, es decir los que no "copagarán" nada, aquellas personas con rentas iguales o inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), y que actualmente se encuentra fijado en 5.990,40 euros anuales. La intención del Gobierno, según fuentes que participaron en las negociaciones de la Ley de Dependencia, es que los beneficiarios financien entre el 18 y el 22% de los gastos totales que suponen la atención a domicilio. Y asuman entre el 27 y el 33% de los costes globales en el caso de residencias.

La gran incognita, todavía por descifrar, está en saber como se concretará la aportación del usuario por los servicios. De momento parece ser que los gastos de manutención y hoteleros en las residencias correrán a cargo del beneficiario, siempre que tenga capacidad para ello, obviamente. Por otro lado los usuarios nunca abonarán más del 90% de lo que les cueste una plaza residencial. Este porcentaje sólo será aplicable a quiénes tengan unas rentas superiores a 59.904 euros (diez veces más que Iprem). Ahora bien, la incertidumbre está, tal y como señala CC.OO en su informe, en cómo se ordenará la participación en cuantías inferiores a este máximo.

Para las personas, grandes dependientes, a las que se les está reconociendo el servicio este año, no hay problemas porque el Consejo Territorial de Dependencia ha alcanzado un acuerdo por el que durante este año se aplicarán los mismo criterios de copago que ya venían funcionando en las autonomías.

Y precisamente es en la política de contribución por parte del usuario a la financiación de los diferentes servicios sociales en las Comunidades Autónomas dónde se encuentra uno de los grandes problemas para la determinación del copago. Según la Sra. Amparo Valcarce, Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, las diferencias entre regiones existen y deben salvarse. Por ello, el Gobierno pretende llegar a un acuerdo con las autonomías que sirva para los dos próximos años con el fín de dar estabilidad al sistema, ya que en el 2009 se habrá de revisar el sistema.

Las diferencias entre Comunidades Autónomas radican, por ejemplo en la inclusión o no de la vivienda habitual a la hora de valorar la capacidad económica, en la consideración del patrimonio y/o renta, y también en el porcentaje de respecto al coste del servicio que deben satisfacer.

Así por ejemplo en Cantabria se tienen cuenta la renta y el patrimonio para pagar los servicios a la dependencia, pero se excluye explícitamente la vivienda habitual siempre y cuando la persona dependiente resida en su domicilio o lo haga su cónyuge o un menor de 25 años. En Andalucía sin embargo no tienen en cuenta el patrimonio, sólo los ingresos líquidos anuales. En Asturias las personas entregan hasta el 75% de su pensión para costear una plaza y se valora su renta y patrimonio. En la Comunidad de Madrid el usuario puede llegar a pagar hasta el 80% del coste de una plaza, pero a diferencia del anterior el patrimonio del usuario no es tenido en cuenta.

Por tanto parece pues evidente que en aquellas Comunidades en las que hasta la fecha no se ha valorado el patrimonio del usuario, como es el caso de Andalucía, es en las que la población puede sentirse más desfavorecida, mientras que en aquellas en las que la vivienda habitual está siendo tenida en cuenta, el dependiente disminuirá el porcentaje de su aportación por lo tanto pueden tenerse afortunado.... La respuesta, en poco días, cuando se determine la fórmula definitiva. En cualquiero este será sin duda, uno de los temas estrella durante la celebración del Primer Congreso Nacional de la FED a celebrar en Madrid los próximos 25 y 26 de Octubre de 2007.