La estafa de cobrar la pensión del familiar ya fallecido

05/12/2018

La Policía Nacional, en colaboración con la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, ha destapado un fraude de casi 6 millones de euros en el cobro indebido de pensiones de personas fallecidas en diez comunidades autónomas. Los implicados suplantaban la identidad de familiares, o en algún caso amigos o compañeros de piso, durante años, alguno.

En la llamada Operación Libitina se ha detenido a nueve personas, aunque se han identificado a 46 en diez comunidades autónomas. Se les imputan 53 delitos de falsedad documental, estafa y apropiación indebida. 

Detención policialEl fallecimiento de la persona pensionista se ocultaba con certificados falsos de fe de vida y estado y se falsificaba la su firma para poder hacer retiradas de efectivo. Incluso en un caso, el estafador, que actuaba compinchado con otros familiares, se disfrazaba y utilizaba un andador para ir retirar la pensión al banco; así durante 19 años en los que consiguió un botín de 129 000 euros.

Según la Policía Nacional, se trata de uno de los mayores fraudes por el cobro de pensiones de difuntos descubiertos en España. Tras varias denuncias se inició una investigación y se localizaron personas con la misma forma de proceder sospechosa en 17 provincias (A Coruña, Albacete, Alicante, Barcelona, Burgos, Cádiz, Las Palmas, Madrid, Málaga, Murcia, Ourense, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Valladolid y Bizkaia).

Al ser descubiertos, alegaban que no sabían que recibían esas mensualidades (pese a que gastaban el dinero) o que los acuciaban las necesidades económicas. Supuestamente, también usurpaban la identidad de sus familiares, usaban sus tarjetas bancarias y hasta contaban que el muerto vivía en el extranjero para poder justificar que no acudiera.

La estafa tenía sus variantes, en Albacete el empleado del banco donde se encontraba la cuenta de un fallecido se hizo con casi 10 000 euros a base de pequeñas retiradas de dinero durante mucho tiempo. En Madrid, la compañera de piso de una pensionista originaria de Ucrania, fallecida en 2010, se hizo con 91 926 euros en seis años.
 
 
Tras elaborar informes patrimoniales de las personas supuestamente implicadas destinados a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, organismo puede ahora solicitar el embargo de bienes o derivar los casos a los juzgados.
Según la UDEV, estos delitos son cada vez menos frecuentes pues las nuevas tecnologías los dificultas mucho al interconectar las distintas Administraciones y cruzar los datos. Las comprobaciones de fe de vida se hacen en tiempo real y dificulta el cobro de las pensiones una vez fallecido el beneficiario.
 

Resulta sin embargo curioso que se pudiera mantener la estafa en el tiempo, que se dieran por buenas las explicaciones o que nadie sospechara, puesto que no se veía a las personas que cobraban, por mucho que dijeran que estaban en el extranjero, en una residencia de la tercera edad o lo que fuera. Esperamos que este tipo de estafas sean imposibles de realizar y, si se dieran, que se detenga a los delincuentes, pues es el dinero de todos.


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