LA LEGISLATURA SE ESTRENA CON PROMESAS SOCIALES ARRIESGADAS

Con el inicio de la legislatura, retomamos una nueva etapa de gobierno socialista en la que las modificaciones en política social se vislumbran como uno de los principales ejes de cambio. Buena muestra de ello es la designación de Jesús Caldera, hombre fuerte en el ejecutivo socialista, como nuevo Ministro de Asuntos Sociales e Inmigración. En sus manos está el desarrollo de la Ley Básica de Protección a Dependientes que engloba a enfermos, discapacitados y ancianos.

A pesar de que todavía es pronto para poder concretar la sucesión de medidas que se van a ir tomando, la recién estrenada en su cargo como Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Amparo Valcarce, nos revela las líneas principales que va a seguir el Ministerio.

ARTÍCULO

El pasado día 19 de Abril tomó posesión de su cargo como Ministro de Asuntos Sociales e Inmigración el Sr. Jesús Caldera. A más de uno puede haber sorprendido su designación como nuevo responsable de este ministerio, en parte porque se esperaba que pudiese ocupar una vicepresidencia. Su designación, por tanto, entendemos que se debe al impulso en política social que pretende imprimirle a este Ministerio el recién estrenado ejecutivo.
Entre los temas pendientes para los próximos cuatro años relacionados con las personas mayores encontramos, por una parte, la universalización de la atención a la dependencia y por otra el incremento de las pensiones mínimas y del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 600 euros.

En palabras de la Secretaria de Estado para Asuntos Sociales, Amparo Valcarce, es uno de los propósitos más firmes del nuevo gobierno el desarrollo del cuarto pilar del Estado de Bienestar a través del Sistema Nacional de Dependencia que garantice una cobertura universal y igualitaria a los mayores y discapacitados. Para ello será necesario crear una estructura en la que todos los ciudadanos en situación de dependencia serán atendidos por el Estado. El programa diseñado por los socialistas se basa fundamentalmente en el desarrollo de los servicios de atención a domicilio y la teleasistencia. Se calcula que se precisará crear un fondo de 1000 millones de euros.

Para empezar, el nuevo ejecutivo se encuentra con un valioso trabajo de investigación y análisis ya finalizado, el libro verde de la dependencia. No es una novedad el reconocer que el gobierno saliente había dejado también en cartera el abordar esta misma materia, y por ello apoyó este estudio. Habrá que ver en que medida los nuevos dirigentes tendrán en cuenta el conjunto de propuestas que contiene antes de promover cualquier iniciativa.
Si analizamos las propuestas socialistas desde la óptica del sector privado asistencial, podemos prever a priori una serie de consecuencias positivas. Por una parte el hecho de que se incremente el poder adquisitivo de los mayores puede favorecer la reactivación de la demanda de servicios privados. Aunque es evidente que las mejoras no serán significativas, siempre puede ser un factor halagüeño. Por otra parte la universalización propuesta pasa irrefutablemente de la mano del consenso, acuerdo y obviamente colaboración formal con el sector privado. La única forma de la que dispone el gobierno para ampliar la oferta pública es de la mano del sector privado. Será por tanto crucial el papel de las asociaciones, corporaciones y otras organizaciones corporativas durante la nueva legislatura.