La normativa de la Rioja y Aragón es confusa, lo dicen los ingenieros industriales

Que la normativa que regula la autorización de residencias geriátricas en Aragón  es confusa y mala técnicamente es algo que hace años que se sabe.

Ahora son los ingenieros industriales de Aragón y La Rioja quienes advierten de la confusa normativa sobre residencias de mayores.  El decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja, ha advertido de que existe confusión y contradicciones en la normativa sobre residencias de personas mayores, que «hay una gran cantidad», de manera «dispersa» y donde existen «competencias de Administraciones distintas, con criterios de aplicación dispares», lo que «deja en una gran inseguridad» a los promotores de estos centros.

 

 

En una nota de prensa, Soriano precisa que la «dualidad normativa nace desde el primer momento» pues la licencia de apertura la otorga el municipio, mientras que la autorización de funcionamiento es competencia del Gobierno de Aragón y, «en teoría, tras inspección un año después de una autorización provisional en el que se ha podido estar funcionando». Señala que los trágicos sucesos de la residencia de Santa Fe de Zaragoza, donde a causa de un incendio fallecieron ocho personas, «revelan que la descoordinación existe incluso dentro de una misma Administración» ya que «se da la paradoja de que no poseía autorización de funcionamiento pero, al parecer, tenía suscrito un convenio con la Comunidad para recibir residentes».

 

Los ingenieros industriales son los profesionales competentes para el diseño y puesta en marcha de las instalaciones de cualquier edificio, así como para los planes contra incendios, planes de autoprotección y gestión de licencia de actividades y sostiene que los requisitos exigidos a las residencias «no están bien fijados». Por lo tanto «no es lógico que, por ejemplo, se pueda denegar una licencia porque el edificio no tenga vías de evacuación o porque un microondas esté sucio», en su opinión «esto sirve para que las Administraciones puedan escudarse en que el edificio no tenía licencia en el caso de que se produzca algún problema».

 

 

También precisa que desde el Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja han incidido en que la falta de licencia «en muchos casos no es problema de un promotor malintencionado, sino de defectos mínimos en una tramitación». Soriano señala que algunos requisitos son «ilógicos», por ejemplo algunos del Plan de Ordenación Urbana de Zaragoza, «que prohíbe la residencias en determinadas zonas del casco urbano de más de 200 metros cuadrados», lo que supone «no más de siete habitaciones por residencia, lo que impide que puedan ser rentables», ha explicado Soriano.  También considera que cuando la residencia es para personas que pueden valerse por sí mismas, «las condiciones para la licencia no deberían ser superiores a las que se exige para una fonda o un hostal». Soriano cree que las normativas «son muy estrictas con la seguridad, por ejemplo, de las vías de evacuación», y respecto a el número de trabajadores por usuarios en una residencia, pero, a pesar de ello, «en caso de incendio, como el que ha ocurrido en Santa Fe, no es posible que una sola persona, ni entre diez, pueda evacuar a otras veinte que no pueden moverse», muestra para él de que «las leyes actuales ofrecen criterios contradictorios».