LAS CUENTAS DE LA DEPENDENCIA NO CUADRAN: FALTAN 12.000 MILLONES

Según hemos podido leer en la web de la Universidad Carlos III de Madrid, Para el año 2010, los costes de mantener en funcionamiento la atención a la dependencia se situarían entre los 12.500 y 15.000 millones de euros, aproximadamente. "Para el 2015, fecha en la que se supone que funcionará a pleno rendimiento el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en España, nuestra estimación oscilaría entre los 17.000 y los 20.000 millones de euros, un importe muy superior a los 4.426 millones que esperan aportar las Autoridades Públicas”, apunta la profesora del Departamento de Estadística de la Universidad Carlos III de Madrid, Irene Albarrán. En resumen, un desfase de unos 12.000 millones de euros, en el mejor de los casos. "La llamada Ley de Dependencia no ha seguido exactamente lo establecido en el Libro Blanco de la Dependencia ni en otros estudios previos que sirvieron de referencia, lo que ha llevado a que las estimaciones sobre el número de afectados y el coste de atención a los mismos se hayan quedado cortas”, explica la experta.

La dependencia tiene importantes consecuencias económicas en aspectos como el ahorro, la inversión, el consumo o el mercado de trabajo. Este fenómeno, adelantan los investigadores, hará necesario destinar mayores recursos humanos y económicos para la atención y cuidados sanitarios, sobre todo, de las generaciones más longevas, una redistribución intergeneracional de recursos y un aumento de los llamados cuidados formales e informales. Según uno de los últimos informes del INE, la población anciana se duplicará en los próximos 40 años. Sus proyecciones indican que el grupo de edad de mayores de 64 años se multiplicará por dos en el 2049, por lo que pasaría a constituir el 31,9 por ciento de la población total. En este sentido, la evolución de la población dependiente no puede estudiarse de manera aislada respecto al total de la población en España. Siendo conscientes de ello, y a pesar del riesgo que supone una predicción a tan largo plazo, las estimaciones de los investigadores -utilizando las proyecciones de población del INE- arrojan una cifra de entre 1,5 y 1,6 millones de personas en 2050, equivalente a algo más del 3 por ciento de la población total.

Por todo esto, cabe esperar un aumento de los gastos sanitarios y de atención a estas personas, así como del papel a desarrollar tanto por los seguros públicos como los privados en la cobertura de los servicios demandados, según los investigadores. Debido a estas mayores necesidades de financiación es conveniente contar con mecanismos de captación de recursos que permitan sostener el sistema de atención y es, por tanto, en este terreno donde queda más por avanzar, señala Irene Albarrán. En otros países con más experiencia en el tema la financiación procede, mayoritariamente, de cotizaciones sociales aportadas tanto por trabajadores como empresarios. En concreto, en el caso alemán, los agentes sociales y el Gobierno federal están consiguiendo hacer viable el sistema sin afectar negativamente a la competitividad de la economía germana.

En resumen, el objetivo de lograr una atención de calidad para las personas en situación de dependencia y establecer el "cuarto pilar” del Estado de Bienestar supone, según los autores del estudio, un esfuerzo económico bastante mayor del inicialmente previsto por las autoridades económicas españolas, lo cual debería abrir un debate sobre las posibles alternativas y vías más adecuadas para financiar estos servicios.