El 11 de marzo en el periódico Expansión (pág 29 disponible en Orbyt para suscriptores) un interesante artículo desvela las claves de la polémica sobre las tablas salariales del convenio estatal de dependencia para 2011.
La noticia se produce cuando lo sindicatos han recurrido a la Audiencia Nacional la inaplicación de la subida prevista en el convenio colectivo.
La situación es simple. El convenio se firmó en 2007 cuando el gobierno no reconocía la crisis estableciendo unas subidas de salario anuales por encima de la inflación además de otros beneficios. Quienes firmaron el convenio estaban seguros de que la aplicación de la Ley de Dependencia y la situación del mercado harían sostenibles estos aumentos.
Para enero de 2011 toca subir un IPC +3% además de un incremento del complemento de domingos y festivos. En total un aumento que se acerca al 6%.
Las patronales pidieron a los sindicatos negociar unas nuevas tablas salariales amparándose en la situación económica y en que los propios sindicatos, a nivel confederal, recomiendan no superar subidas del 2%.
Así las cosas, por un lado hay un documento con fuerza de Ley (el convenio colectivo) y por otra la obstinada realidad que hace inaplicable la subida.
Este dilema podría ser resuelto si no se tuviese en cuenta un tercer elemento: la lucha entre sindicatos por la representatividad en un sector en el que trabajan más de 180.000 personas y en el que se eligen 1.600 representantes sindicales. En esta tesitura parece que los sindicatos mayoritarios prefieren utilizar la situación para desgastarse mutuamente. UGT, que no firmó el convenio puede criticar a CCOO por haberlo hecho y CCOO a UGT por no haberlo firmado.
Vale la pena leer el artículo u fijarse en algunos detalles que hemos podido confirmar con representantes de la patronal: