03/02/2006

LOS FLECOS DE LA DEPENDENCIA

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LOS FLECOS DEL ANTEPROYECTO

Desde que se hizo público el anteproyecto de Ley de la Dependencia el pasado 23 de Diciembre, no ha transcurrido un sólo día que no se hayan producido manifestaciones por parte del Gobierno, de la oposición, de los gobiernos autonómicos, locales, organismos públicos y privados, expertos etc. criticando o replicando el contenido del texto normativo. Aunque cuarenta días no sea en este caso tiempo suficiente para encontrar respuesta a las preguntas suscitadas, si que lo puede ser para tratar de definir cuáles son los aspectos que más nos preocupan a quiénes hemos analizado el esquema presentado del futuro Sistema Nacional de Dependencia.

El papel de las Comunidades Autónomas y las propuestas de financiación tanto pública como privada ( el sistema de copago planteado) han sido sin duda los dos aspectos que más incertidumbre y desasosiego producen. Es obvio que estos dos ejes dan lugar a muchísimos matices que analizaremos, en parte, a continuación.

La exposición de motivos del anteproyecto se inicia ya remarcando el papel fundamental de todas las Administraciones Públicas, así dice: "La atención a las necesidades de las personas mayores en situación de dependencia constituye hoy en todos los paises desarrollados uno de los grandes retos de la política social, que requiere una respuesta firme por parte de las Administraciones Públicas"...."se establece la creación de un Sistema Nacional de Dependencia con la colaboración y participación de las Administraciones Públicas"..."La Ley establece una serie de mecanismos de cooperación entre las CC.AA. y la Administración General del Estado entre los que destaca la creación del Consejo Territorial del Sistema Nacional de Dependencia. y entre sus funciones está por ejemplo el establecer las condiciones y cuantía de las prestaciones económicas, los criterios de participación de los beneficiarios en el coste de los servicios..., así como el despliege en los correspondientes convenios con las Comunidades Autónomas.". El reproducir estas frases no ha tenido otro objeto que el querer poner de manifiesto la aparente contradicción que suscita la polémica declaración del Ministro Caldera, poco después de publicarse el anteproyecto, en la que manifestaba que un acuerdo con las Autonomías "es deseable pero no imprescindible". La materia "asistencia social" (o, sea, servicios sociales) corresponde en exclusiva a las comunidades autónomas porque así está recogido en todos los estatutos de autonomía. Si la atención a la dependencia tiene algo que ver con los servicios sociales, cosa que hoy nadie discute, la participación de las comunidades autónomas en el futuro SND no es sólo deseable sino absolutamente imprescindible.

Las reacciones por parte de las Comunidades Autónomas no se hicieron esperar. La primera crítica al ejecutivo vino precisamente por no haber contado de antemano con éstas para redactar el anteproyecto, dado el papel constitucionalmente reconocido en esta materia. Con respecto a ello, el Ministro, en entrevista publicada en el Diario abc.es el día 7 de Enero reconoció haber mantenido "conversaciones informales" pero nada más, y con respecto a las competencias de las Comunidades Autónomas matizó que con esta Ley el Estado pretende garantizar el ejercicio de un derecho por igual en toda España, sobrepasando incluso sus obligaciones constitucionales y financiando parte de una competencia autonómica. Según sus propias palabras, "la oferta del Estado es generosa". Por tanto parecer ser que a Dios deben dar las gracias las autonomías de tener que aportar tan sólo el 50% de los 4425,80 millones de euros que marca la memoria económica de la futura Ley.

El contenido de las valoraciones que han emitido las diferentes Comunidades Autónomas ha sido de lo más variopinto, lo que sí se puede constatar es una correlación casi exacta entre el color pólitico del partido en el gobierno en cada Comunidad y sus declaraciones con respecto a la propuesta. Gobiernos como el de Asturias, Castilla la Mancha y Andalucia o Galicia, han recibido con los brazos abierto al anteproyecto, han entendido el esfuerzo presupuestario a hacer en cada comunidad y valoran positivamente la cartera de servicios y fuente de financiación propuesta. Sin embargo, todas ellas, sin llegar a criticar a la futura norma han pedido concreción en determinados aspectos o seasé que no lo acaban de ver muy claro. Así la consejera de Vivienda y Bienestar Social de Asturias, Dña. Laura González considera importante analizar como pagar los nuevos servicios, recursos y prestaciones y por ello parece apostar por un incremento de la presión fiscal via impuesto directos siguiendo la estela de los países nórdicos, según manifiesta "con un dinero limitado podemos ofrecer unos servicios igualmente limitados. Si aumentamos unos servicios y mantenemos el mismo presupuesto global, necesariamente tendremos que reducir otros".. El Gobierno gallego por su parte manifestó su preocupación ante su elevado porcentaje de población mayor, a lo que el Ministro respondió reconociendo la necesidad de un "esfuerzo mayor" por parte no sólo del Estado sino también por parte de la Comunidad. Andalucía y Aragón, comunidades éstas que se encontraban en pleno proceso de renovación normativa en materia social, han decidido guardar a buen recaudo sus borradores de Ley de Servicios Sociales a la espera de que se concreten más aspectos de la futura Ley y evitar así contradicciones.

Las Comunidades gobernadas por el Partido Popular no han sido tan benévolas en sus declaraciones sobre el contenido del anteproyecto y se plantean serias dudas con respecto al modelo ( o proyecto de...) de financiación y cómo se garantizará la igualdad de las prestaciones en todo el territorio nacional. Representantes de las consejerías de servicios sociales de la Comunidad Valenciana, Castilla León o Baleares, por ejemplo, han emitido duras declaraciones en las que coinciden en manifestar que la falta de concreción de la futura norma, la insuficiencia y insostenibilidad del sistema de financiación y la escasa garantia de igualdad en la prestación de los servicios a todos los españoles. Por encima de todas estas cuestiones han expresado su malestar por no haber sido convocadas de antemano dadas las repercusiones que en sus políticas sociales autonómicas va a tener el futuro sistema nacional de dependencia.

Pero no sólo de estos gobiernos autonómicos han venido las críticas, CIU, por su parte considera textualmente "un despropósito" la financiación de la dependencia pues considera que el estado se "desentiende" de la mitad de la dotación económica que le corresponde destinar y "obliga" a las comunidades autónomas a pagar "sin otorgarles más recursos económicos". Así mismo es de la opinión de que el anteproyecto limita la capacidad futura de la Generalitat a mejorar el sistema de protección a la dependencia para sus ciudadanos y denuncia que el texto se excede al asignar atribuciones al Gobierno central.

También desde los entes locales preocupa saber cómo va a encajar su actual labor social dentro del Sistema. No hay que olvidar que los Ayuntamientos tienen atribuidas las competencias para gestionar la atención domiciliaria desde hace más de treinta años, algunos han estado dormidos, pero otros h