La manifestación arrancó en la Puerta del Sol y terminó en la puerta del Congreso de los Diputados, donde los pensionistas dejaron sus zapatos como muestra simbólica del camino recorrido. Los lemas fueron «Gobierne quien gobierne, las pensiones públicas se defienden» y «si no se cumplen las promesas no abandonaremos las calles». En el registro del Congreso se depositó un escrito en el que se reclama la derogación de las últimas dos reformas de la Seguridad Social, la de 2013 y la de 2011, se califica de inútil por inoperativo el Pacto de Toledo, exigen por ley que se garantice la actualización anual de las pensiones en función del IPC, blindarlas como derecho fundamental en la Constitución española, que la pensión mínima sea igual al salario mínimo interprofesional (900 euros hasta llegar a los 1084 que recomienda la Carta Social Europea para España) para reducir la brecha de género, residencias para la tercera edad públicas y suficientes y la eliminación de los copagos en la sanidad pública. También que el déficit que tenga el sistema se pague directamente con impuestos sin tener que recurrir a créditos de Hacienda como hasta ahora.
El escrito señala que España tiene margen para aumentar el gasto en pensiones; en la actualidad cada año se gasta el equivalente a un 11 % del PIB en esta partida, sin embargo, en 2017 subió hasta casi el 12 % al añadir las prestaciones de las clases pasivas (que no se encuadran en la Seguridad Social sino en los presupuestos de la Administración central), es decir, las pensiones de los funcionarios jubilados.
La pregunta que se hacen todas las personas jóvenes y mayores es si el sistema es sostenible en el medio plazo y si seguir subiendo las pensiones hará que se puedan pagar en 10 o 15 años.
En la fotografía, la asociación americana de jubilados AARP