LOS PRESUPUESTOS GENERALES SE CARGAN EL NIVEL CONCERTADO DE LA LAPAD

Según el avance de los presupuestos que ha hecho el gobierno, una partida de 283 millones de euros que actualmente se aplicaban a la financiación del nivel concertado de la dependencia ahora pasarán a gastarse dentro del  nivel mínimo.  Este galimatías supone, según el gobierno que en la práctica no habrá un recorte en la cantidad total, sin embargo, la asociación de Directores  Gerentes de Servicios Sociales ha hecho público un comunicado según el cual sí habrá un recorte de esa cantidad en el el presupuesto que el Estado dedicará a dependencia.

Este es el comunicado:

Según la información preliminar de los Presupuestos Generales del Estado, facilitada tras el Consejo de Ministros, se suprimirá el 100% de la partida dedicada a la financiación del nivel acordado establecido en el art. 10 de la Ley 39/2006. Se trata de 283 millones de euros que se distribuían entre las CCAA con criterios consensuados de reparto y que tenían por objeto fundamental financiar infraestructuras, servicios y sistemas para la atención a las personas dependientes en el ámbito autonómico.

Fuentes ministeriales han matizado que esta aportación se incorpora al Nivel Mínimo garantizado de financiación. No obstante, dicha declaración es un  malabarismo contable, ya que el nivel mínimo se compone con créditos ampliables en función de los dependientes reconocidos en cada territorio, por lo que el resultado final ineludible es la reducción neta de 283 millones para la atención a la dependencia (equivalente al 15% de la aportación estatal a esta política de gasto si descontamos las aportaciones a la Seguridad Social).

A la espera de conocer el detalle de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 ya podemos asegurar que este recorte tiene tres efectos concatenados:

1.- Incremento directo del déficit autonómico en 283 millones de euros.

2.- Se acentúan aún más las dificultades para que las CCAA atiendan a las 300.000 personas con derecho reconocido y a las que se mantiene en una irritante espera (más que “limbo” es directamente engaño).

3.- Prácticamente se imposibilitará la atención a nuevos casos con derecho reconocido que se produzcan en adelante, consagrando así el grave retroceso del sistema.

 Siempre hemos calificado como deficiente el sistema de financiación de la atención a la dependencia, pero este drástico recorte –sin otras medidas acompañantes- supone una gravísima contradicción con la idea de recortar el gasto público denominado “improductivo”. Una cifra así, destinada a los servicios, no solo equivale a atender a 35.000 personas, sino que su recorte supone dejar de crear 8.000 puestos de trabajo en el sector de los cuidados y una reducción de ingresos por retornos al Estado de unos 113 millones de euros.

 Reformar e imprescindible, pero recortar incrementando directamente el déficit autonómico, poniendo en peligro la atención a 35.000 personas, imposibilitando la creación de 8.000 puestos de trabajo y reduciendo la cuenta de ingresos del Estado, se nos antoja muy, pero que muy mal negocio.