30/03/2011

LOS PROTAGONISTAS HACEN BALANCE DE LA LEY DE DEPENDENCIA

Representantes  de las administraciones públicas, proveedores, agentes sociales, asociaciones de personas mayores y la Fundación Edad&Vida se han reunido esta mañana en Madrid durante la celebración del III Congreso Internacional Dependencia y Calidad de Vida para hacer un balance sobre el desarrollo de la Ley de Dependencia y la implantación del SAAD en España.

La mayoría de los participantes en la Jornada de hoy ha destacado la necesidad del compromiso de todas las administraciones públicas para impulsar el desarrollo del SAAD en los términos que marca la Ley.  

Los representantes de las asociaciones de mayores UDP y CEOMA, Luis Martín Pindado y José Luis  Méler de Ugarte, han coincidido en señalar que, hasta el momento, la aplicación de la Ley no ha cubierto las expectativas creadas. Para Martín Pindado “hay un incumplimiento de los tiempos y tardanza en recibir los servicios adecuados” y, según Méler de Ugarte, “hay falta de recursos y una evidente descoordinación entre las administraciones implicadas”.

Sin embargo, todas las carencias y déficits tienen su respuesta en un adecuado desarrollo de la Ley, aún joven y con mucho recorrido, que supone, para los representantes sindicales, “un hito en materia de derechos sociales”.

Julio Samuel Coca, Secretario General para la Dependencia de la Junta de Andalucía, ha destacado, asimismo, “el gran esfuerzo que se ha hecho desde las Administraciones para implantar la Ley de Dependencia”.

Un marco regulador claro y estable

Los proveedores de servicios de atención a la dependencia y el representante de la CEOE, Alfonso de la Lama-Noriega, han destacado la necesidad de establecer un marco regulador estable y transparente que ofrezca garantías a los ciudadanos y seguridad a la inversión privada.

La Acreditación, clave en la implantación de la Ley de Dependencia, también ha sido uno de los puntos fundamentales a debate durante la jornada.

En este sentido, Higinio Raventós, Presidente de la Fundación Edad&Vida, ha manifestado que “no se ha actuado con suficiente intensidad y celeridad en uno de los elementos esenciales de la Ley. La Acreditación debería establecer una clara diferenciación de los servicios destinados  a atender a las personas con diferentes Grados y Niveles de Dependencia”.

Para Edad&Vida, la acreditación debería permitir discriminar modelos y tarifas, ya que los costes para atender a cada Grado y Nivel de Dependencia no son los mismos. De este modo se conseguiría una distribución de los recursos públicos disponibles mucho más eficiente.

La acreditación homogénea para todo el territorio exigiría, en palabras de Juan Carlos Campón Durán, Director Gerente de SEPAD de la Junta de Extremadura, “renunciar a ciertas competencias que las Comunidades Autónomas tienen transferidas”. Para Engracia Hidalgo, Consejera de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, los criterios de acreditación deberían ser consensuados a nivel estatal, aunque señaló que quizá el presente momento de crisis no sea el adecuado para tomar una decisión. En este sentido, ha pedido al sector privado “nuevas fórmulas de eficiencia”.

José Alberto Echevarría, Presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), señaló que “parece lógico que, en función de los grados, se establezcan niveles de acreditación. Porque la realidad es que fruto de esta Ley hemos instaurado 17 sistemas diferentes de servicios de atención a la dependencia”.

La colaboración público-privada

Para Antonio Balbontín, Subdirector General de Planificación, Ordenación y Evaluación del IMSERSO, “la actual Ley de Dependencia deja espacio para todos. De hecho, el 70% de las plazas privadas actuales tiene algún tipo de colaboración pública”.

Joaquín Martínez Gómez, Secretario Autonómico de Autonomía Personal y Dependencia de la Generalitat valenciana, ha afirmado que “si no hay colaboración entre lo público y lo privado, no hay sector en materia de dependencia”.

En opinión del presidente de la Fundación Edad&Vida, Higinio Raventós, “esta colaboración no puede tratarse, sin embargo, de una colaboración a corto plazo, tal y como sucede en la actualidad, a veces incluso vinculada a los ciclos electorales, pues las inversiones deben amortizarse a largo plazo (30/40 años).

La necesidad de definición de un marco claro de distribución de responsabilidades entre todos los actores de la sociedad ha sido otro de los temas de debate. En este sentido, para Edad&Vida, correspondería a la Administración planificar las necesidades y los recursos, acreditar, supervisar, inspeccionar y en caso necesario, sancionar, además de financiar a las personas en función de sus posibilidades económicas, dependiendo de su renta y patrimonio.

Por su parte, la iniciativa privada debería responsabilizarse de la inversión, de la innovación y del desarrollo y gestión de la oferta de servicios.

En cuanto al papel del ciudadano, en la mayoría de los casos contribuyente, debería sentirse corresponsable y ejercer sus derechos, pero también tener presentes sus obligaciones, asumiendo su responsabilidad en la sostenibilidad del sistema.

Financiación a través del copago

La mayoría de consejeros coincidieron en el corto recorrido del copago como una de las fuentes de financiación del SAAD ya que, como ha declarado Joaquín Martínez, “el límite no es el coste de servicio, sino la pensión. Si hay alguna posibilidad de incremento, es a través del patrimonio”.

Aunque la Ley contempla un copago del 33%, la media en España se sitúa entre el 8% hasta el 20%. Para salvar esta distancia, el propio Martínez  comentó las posibilidades que ofrece el aseguramiento privado. En esta dirección, Jorge Guarner, Presidente de la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), ha señalado la necesidad de “desarrollar productos financieros que contribuyan a completar el copago”. 

Prestación económica versus prestación de servicios

El abuso de la prestación económica al cuidador familiar en la mayoría de Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta que debería tratarse de algo excepcional, no ha sido bien valorada por los participantes en las diferentes mesas de debate, ya que