04/04/2004

MAS CONTROL EN LOS INGRESOS EN RESIDENCIAS PÚBLICAS

NUEVAS MEDIDAS EN DIFERENTES COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA AFRONTAR EL GASTO PÚBLICO EN RESIDENCIAS

 

Si desde hace años algunas legislaciones autonómicas como la navarra o la asturiana recogen la idea del "reconocimiento de deuda" para que la administración pueda resarcirse del pago de servicios residenciales a personas que después resultan tener dinero. Durante estos últimos meses han sido dos las que han generado noticias a este respecto. Así, según ha informado El Correo Digital el 17 de febrero, la Diputación de Vizcaya "va a cambiar sus criterios a la hora de valorar las solicitudes de ingreso en residencias para la tercera edad. En la actualidad, para decidir si una persona tiene derecho a una plaza subvencionada sólo se tienen en cuenta sus ingresos bancarios, no sus propiedades inmobiliarias. «Hay que darle una vuelta a esta situación, porque puede dar lugar a injusticias», explica el director general de Infancia, Mujer y Personas Mayores, Pedro Fernández de Larrinoa. Por ejemplo, un anciano que tenga 30.000 euros en el banco y viva de alquiler tiene que costearse la plaza de su bolsillo. En cambio, otro que posea 18.000 y varios pisos en propiedad sí podría contar con ayuda foral. El límite está en 24.000 euros, según el decreto aprobado por el Departamento de Acción Social en abril de 2001. Las personas que superan este patrimonio deben afrontar por sí mismas el coste de una residencia, que llega a superar los 1.800 euros al mes. Cuando sus ingresos llegan a ese nivel, el usuario pasa a entrar «en el circuito público», explica Fernández de Larrinoa. "

Por otro lado, según informa El Comercio Digital, en Asturias, donde el soporte normativo ya existe, no novedoso será que el Principado empezará a investigar las transacciones que haya realizado la persona a ingresar durante los últimos tres años. Según la noticia aparecida "La Consejería de Vivienda y Bienestar Social firmará próximamente un convenio con la Dirección General de Finanzas y Hacienda, dependiente de la Consejería de Economía y Administración Pública, para cruzar todos los datos relativos a la capacidad financiera y situación patrimonial de los aspirantes a entrar en una residencia de titularidad del Principado. El estudio se remontará hasta tres años antes de la fecha de presentación de la solicitud de ingreso.

La medida fue anunciada a este periódico por el director gerente de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), Ángel González, quien aseguró que «sólo se trata de hacer cumplir la legislación vigente. La ley ya obliga a que los usuarios de las plazas geriátricas públicas rindan cuentas de su patrimonio para, así, ajustar la tarifa que se les cobra». Hasta el momento, la ley era cumplida, aunque los informes económicos no iban más allá de lo que el propio solicitante presentaba junto con su petición de ingreso.

A partir de este año, el Principado irá más allá. Concretamente, quiere conocer todos los movimientos económicos e inmobiliarios que hayan realizado los mayores que pidan plaza hasta tres años antes de presentar su solicitud. Para ello, las citadas consejerías firmarán el convenio de colaboración, tras el cual el Principado mantendrá una reunión «con todos los responsables de los servicios sociales municipales, que son la primera puerta de acceso a una plaza geriátrica pública», explicó Ángel González".

La noticia tiene un recuadro titulado "Se acabará la picaresca" en el que el director del ente gestor ERA lo explica así:

"«Se acabará la picaresca». Ángel González está seguro de que, una vez que la investigación patrimonial sea rigurosa, «ya no habrá tantos mayores pobres».

Y es que, el gerente de los Establecimientos Residenciales para Ancianos tiene claro que «muchas personas de las que viven con nosotros y aportan la pensión mínima, después de toda la vida trabajando, tienen a su nombre viviendas que son disfrutadas por sus herederos, que no aportan nada al cuidado de sus mayores. No es justo para la región, que aporta solidariamente el dinero necesario para que ese abuelo tenga una vida digna». Además de patrimonio 'fantasma', el carácter retroactivo del estudio pondrá al descubierto, según González, una práctica utilizada por algunos descendientes «que es tener al abuelo en una residencia privada mientras le dura el dinero. Cuando se acaba, nos lo envían a nosotros».

Hay un aspecto de estas noticias que resulta muy curioso. En ambos casos las adminsitraciones se justifican diciendo que la plaza en residencia pública es muy cara y no tiene que pagarla sólo la administración, lo curioso es que en Asturias dicen que la plaza pública "cuesta 1.200 Euros (200.000 pesetas). Sin embargo, la media que aportan los residentes del ERA son 300 euros (50.000 pesetas); en cambio en Vizcaya la noticia indica que los precios oscilan los 1800 Euros. O sea, 600 Euros de diferencia mensuales y sólo a unos 200 kilómetros de distancia.