03/12/2012

MAS DINERO PARA DEPENDENCIA CARA Y CRUZ

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha difundido una nota de prensa explicando que en los presupuestos de 2013 se incrementa la partida para dependencia en más de 100 millones de Euros.  La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, verdadero azote del ministerio, no ha tardado en emitir su propia nota "contextualizando" los números del gobierno.

Aquí van las dos notas:

MINISTERIO

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy elevar en 117 millones de euros el nivel mínimo de financiación de la Ley de Dependencia estipulado para 2012. La decisión se ha adoptado para cumplir lo que establece dicha norma, la garantía del citado nivel mínimo, y porque es firme compromiso del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad preservar este Sistema. Así, el crédito definitivo para el presente ejercicio ascenderá a 1.405 millones de euros, 119 más que el de 2011.
 
La decisión, adoptada por los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se ha producido a raíz del aumento en el Sistema de personas dependientes con prestación reconocida, exactamente 21.252. Al mismo tiempo, la lista de espera, que a comienzos de año se cifró en más de 305.000 personas, se ha rebajado en 74.087 dependientes. Habida cuenta de estas cifras, y como quiera que resulta prioritario preservar el modelo de Dependencia incluso en adversas condiciones económicas, el Gobierno cumple una Ley en cuya defensa está plenamente comprometido y eleva en 117 millones de euros este umbral.
 
La reforma del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para mejorar y hacer sostenible el Sistema de Autonomía Personal y de Atención a la Dependencia está mostrando ya algunos resultados: el ahorro para la Administración General del Estado se sitúa en los 835 millones de euros, cuantía que proviene de la supresión del nivel acordado de financiación (305 millones), de la suspensión de las cotizaciones a la Seguridad Social de la prestación económica para cuidados familiares (330 millones de gasto en 2011) y de la bajada de la prestación para los no profesionales que cuidan a personas dependientes (220 millones de ahorro sobre el nivel mínimo).
 
Ninguna de estas medidas centradas en la reducción del gasto del Sistema de Dependencia y orientadas a convertir en sostenible un modelo acuciado por la escasez de recursos ha evitado, sin embargo, que éste deje de funcionar. Al contrario, han seguido entrando personas en el Sistema y se ha ido ajustando la lista de espera. Ahora, debido a estos dos factores, habrá 117 millones más para que las Comunidades Autónomas financien la Dependencia.
 
La evolución respecto al año pasado es ilustrativa: el crédito inicial en 2011 fue de 1.084 millones de euros, pero también se amplió para cumplir la Ley en 202 millones hasta alcanzar la cuantía de 1.286 millones de euros. Este año, aunque se suprimió el nivel acordado, el Gobierno elevó el mínimo de financiación para dejarlo en 1.288 millones de euros. Tras la ampliación de crédito de 117 millones acordada hoy, la cantidad asciende a 1.405 millones de euros, concretamente 119 más que un año antes.
 
 
MÁS EN FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
 
La ampliación del nivel mínimo de financiación del Sistema de Dependencia es una medida que beneficia especialmente al colectivo de las personas con discapacidad, pues muchas de ellas son dependientes en diferentes grados, y como tales, se acogen a los recursos y servicios del modelo.
 
Se rubrica así la defensa que el Gobierno hace de este colectivo, pues no se trata de una decisión aislada, sino de un elemento más del listado que en los últimos meses ha ido completando el Ejecutivo con el fin de trasladar a estas personas un mensaje de seguridad y compromiso.
 
Ya en la reforma sanitaria se incluyeron medidas para reducir la aportación al gasto farmacéutico que hacen las personas con discapacidad, y más adelante, con la regulación de la cartera de productos ortoprotésicos, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad igualó los precios en todo el territorio y dejó fuera de cualquier aportación al pago a los ciudadanos de esta condición con inferior volumen de renta.
 
En el Real Decreto Ley para la paralización durante dos años de los desahucios, el Gobierno manifestó su sensibilidad con las personas con discapacidad, ya que incorporó al grupo de colectivos protegidos a las familias con personas con discapacidad a su cargo y a las propias personas con discapacidad.
 
Recientemente, el BOE publicó la resolución por la que se repartía el total de más de 280 millones en concepto de subvenciones con cargo al IRPF. Los programas, proyectos e inversiones relacionadas con la Discapacidad aglutinaron unos 47 millones de euros, lo que convirtió a este colectivo en el segundo más beneficiado de la convocatoria. En esta misma línea, la futura Ley de Justicia Gratuita eximirá del pago de tasas, abogados y procuradores en procesos civiles a estos ciudadanos.
 
Asimismo, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, y el de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, transmitieron a los miembros del CERMI esta misma semana que el Gobierno, por medio del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), ha abonado ya unos 339,6 millones de euros para cubrir los pagos pendientes con los proveedores de servicios sociales. Las CCAA se encargarán de la tramitación de dichos pagos.

ASOCIACIÓN DE DIRECTORES Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES

Analizada la nota de prensa evacuada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con motivo del último acuerdo del Consejo de Ministros en lo referido al Sistema de Atención a la Dependencia, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales manifiesta lo siguiente:


1º.- Es necesario explicar a la ciudadanía que el incremento de 117 millones de euros para el nivel mínimo garantizado no es fruto de ninguna especial sensibilidad hacia las personas dependientes, ni mucho menos una "medida que el Gobierno ha puesto en marcha a favor de las personas con discapacidad”, sino que obedece al obligado cumplimiento de la financiación a las CC.AA. en función de las personas dependientes reconocidas y atendidas. De hecho, la lectura técnica de dicha ampliación de crédito es la de la falta de rigor en la previsión provocando un desfase entre presupuesto y gasto de un 8,3% en dicha partida. Es de suponer  que ni el Sr. Montoro ni la troika comunitaria estén muy contentos con ello.


2º.- Con todo, hay  que recordar que el demoledor Real Decreto-ley 20/2012 de 13 de julio redujo este nivel mínimo de financiación en un 14%. De no haber sido así, para las 21.252 personas incorporadas al sistema, el estado tendría que haber ampliado su aportación no en los 117 que se indican, sino en algo más de 136 millones de euros.


3º.- Ahora bien, si la reforma de la Ley en julio hubiese ido en el sentido de cumplir lealmente con una financiación paritaria (50%) entre las CC.AA. y la Administración General del Estado, el Ministerio debería aportar 3.000 millones de euros (muy lejos de los 1.405 que se dice abonarán en 2012). No es ahorro. Los 1.600 millones que faltan deberán ser anotados en los deficitarios y exhaustos presupuestos autonómicos.


4º.- Durante 2010 el incremento de personas atendidas (saldo altas/bajas PIA) fue de 197.638 personas. El año siguiente -2011- fueron 83.427 las personas que engrosaron las listas de atendidos. Reconoce el Ministerio que en 2012, el saldo de atendidos se ha incrementado tan solo en 21.252 personas. La destrucción y total paralización del sistema es tan evidente que no merece que le dediquemos más cálculos.


5º.- Sabemos que al Ministerio le molesta mucho que se hable de desatención y de fallecimientos pero, considerando que en la actualidad hay en espera 231.854 personas con derecho reconocido, el dato de 21.252 incorporados en todo un año supone, a ese ritmo, una espera de casi once años para atender la totalidad de expedientes acumulados. La presunta nueva "agilidad” (74.000 personas menos en espera) es sobre todo fruto de restringir el derecho a atención a las personas con dependencia moderada.


la intención última de un Gobierno que ha recortado 835 millones de euros al sistema en 2012 parece desvelarse en la redacción de un glorioso párrafo de la nota de prensa ministerial: "Ninguna de estas medidas centradas en la reducción del gasto del Sistema de Dependencia y orientadas a convertir en sostenible un modelo acuciado por la escasez de recursos ha evitado, sin embargo, que éste deje de funcionar.”


Lamentamos profundamente que ante un asunto tan serio y delicado como es este, lejos de tener la prudencia de callar, se intente hacer una venta política tan desatinada y manipuladora de la realidad. Exigimos pleno respeto a la inteligencia de la ciudadanía, especialmente, de las personas dependientes y de sus familias.