El Periódico ha hecho un análisis sobre lo que indica la memoria económica del anteproyecto de Ley de Dependencia.
Para poner en marcha el Sistema Nacional de Dependenciaes necesario triplicar el actual número de plazas en las residencias para mayores. Los nuevos centros deberán estar construidos antes del 2015, año en el que el sistema estará completamente en vigor. El dinero para las futuras residencias provendrá de las arcas el Estado y las comunidades autónomas, además de la iniciativa privada.
Las administraciones del Estado y Comunidades autónomas tendran que gastar
4.425,80 millones de euros, a los que hay que sumar los 1.776,9 millones que
actualmente ya están gastando en servicios sociales. De la primera cantidad,
100 millones de euros irán destinados a adaptar las viviendas para que
los dependientes puedan seguir viviendo en sus casas con mayores facilidades.
Dentro de la partida aportada por las administraciones, 84,3 millones irán
a parar a los equipos que evaluarán el grado de dependencia de los beneficiarios,
que en el 2015 serán 1,3 millones de personas.
Cuando esté completamente en vigor, en el 2015, el Sistema Nacional
de Dependencia costará 9.355 millones de euros al año. De los
que 4.425 millones serán aportados por las administraciones públicas,
mientras que los beneficiarios pagarán 3.152 millones. El resto, hasta
llegar a los 9.355 millones, es la cantidad que actualmente ya se invierte en
este tipo de servicios sociales: 1.776 millones.
Según la memoria económica, la financiación media de las
administraciones públicas por beneficiario será de 375 euros al
mes. Sin embargo, a esa cantidad hay que añadirle la parte proporcional
del gasto actual en servicios sociales más la cuota que pagará
el usuario. Éste contribuirá según su renta y patrimonio.
En el caso de necesitar plaza en una residencia, la memoria económica
afirma que, lo lógico, sería que el usuario pagara de su bolsillo
los servicios de hostelería y manutención. Sin embargo, se ha
optado por el sistema sencillo: establecer un porcentaje de financiación
pública, que se sumará a la cofinanciación para cubrir
el coste total.