NEGOCIACIÓN CON HUELGAS DEL CONVENIO DE MADRID

La negociación del convenio colectivo de la Comunidad de Madrid sigue marcada por el conflicto.

La convocatoria de huelgas durante el mes de noviembre han tenido valoraciones muy diferentes según con quién se hable. La página web de CCOO habla de seguimientos superiores al 80% mientras muchas residencias nos han comunicado un seguimiento casi insignificante.

Mientras tanto la cuestión va tomando algún tinte político ya que según el diario "Madrid Digital":

La diputada Caridad García exige al Gobierno regional que asuma su responsabilidad en el control de las residencias privadas-concertadas, tras reunirse con los trabajadores que se manifestaron frente a la Asamblea para exigir mejoras salariales y la firma del convenio colectivo.

La diputada de Izquierda Unida de la Asamblea de Madrid, Caridad García, consideró que "es más urgente que nunca” la realización de un pleno monográfico para analizar la situación de las personas mayores en nuestra Comunidad, tras reunirse con los trabajadores de las residencias privadas que se manifestaron este mediodía frente al parlamento regional en reclamo de mejoras salariales y de la firma del convenio colectivo.

García recordó que IU ha solicitado la realización de un pleno monográfico sobre mayores hace más de un año, a lo que se ha negado el Partido Popular, y afirmó que esta petición cobra más fuerza ante la situación de extrema gravedad que atraviesan las residencias privadas. En ese sentido, puntualizó que esa situación afecta directamente a los servicios ofrecidos por la Comunidad de Madrid, porque el 85 por ciento de las plazas están concertadas con empresas privadas.

"El gobierno regional ha apostado por la privatización de los servicios de atención a mayores, cosa que nosotros hemos criticado constantemente. Lo menos que puede hacer es controlar que se cumplan con las condiciones estipuladas en los conciertos, tanto en los servicios que se ofrecen como en la situación laboral de quienes allí trabajan”, afirmó.

En la reunión, los trabajadores de las residencias privadas denunciaron la precariedad asistencial del servicio que ofrecen; la alta rotación laboral existente y la falta de formación de algunos trabajadores en labores que se les obliga a realizar. "Evidentemente, todas estas cuestiones ponen en tela de juicio la calidad del servicio que ofrecen estas residencias, muchas de las cuales reciben fondos públicos, por lo que exigimos al Gobierno regional que asuma su responsabilidad en el control”, aseguró la diputada de IU.

Mientras hay quien quiere dar esta negativa visión del sector de atención a las personas mayores en la Comunidad de Madrid, la patronal negocia sometida a una doble presión. Por un lado la de la administración que aplica la Ley de Calidad de Servicios Sociales además de otras normativas sectoriales y la del mercado: alta competencia, plazas libres por primera vez en muchos años y muchos usuarios con precios establecidos por la administración.

El final de la negociación se adivina incierto aunque los márgenes para la misma son estrechos.