La Diputación de Vizcaya tramita estos días un centenar de expedientes para el ingreso en residencias de personas mayores. Se trata de los primeros usuarios que se acogerán al nuevo modelo de financiación, que implica cambios importantes. Antes de entrar en el centro, firmarán un reconocimiento de deuda a favor de la institución foral, que podrá cobrar la asistencia con cargo a su patrimonio inmobiliario.
Aunque todos los residentes suscribirán el documento, en algunos casos no llegará a ejecutarse. Pueden acceder a las plazas públicas las personas con ingresos inferiores a 40.000 euros -antes el umbral estaba en 24.000-. Durante los primeros años, hasta que sus ahorros queden reducidos a 3.000, pagarán la totalidad del precio público, 58,8 euros al día. A partir de ese momento abonarán una parte, en función de sus recursos.
Esta diferencia es la que cubre el reconocimiento de deuda tras el fallecimiento
del usuario. La ejecución de las garantías inmobiliarias se retrasará
en algunos casos, por ejemplo si el cónyuge sigue viviendo en el piso.
A pesar de estas cautelas, habitualmente la demanda se retrae cuando se introduce
esta fórmula de pago, «y luego vuelve a la normalidad». En
Vizcaya, en cambio, se han presentado un centenar de solicitudes en apenas veinte
días, quizá porque los requisitos económicos para acceder
al sistema público son más flexibles.