Todas las
residencias andaluzas van a ser inspeccionas durante el 2005 según
manifestó la propia Consejera andaluza, aunque también señaló
que la amplia mayoría de las mismas funcionan correcta y profesionalmente.
Aprovechó esta misma ocasión para reclamar la colaboración
ciudadana a la hora de denunciar los casos de malos tratos a mayores y reconocer
que el número de plazas públicas y concertadas ha crecido pero
debe crecer más.
El plan de control puesto en marcha, supone llevar a cabo, a través de
las correspondientes delegaciones provinciales de Igualdad y Bienestar Social,
visitas a todas las residencias y servicios para este sector de población,
como las viviendas tuteladas, las unidades de estancia diurna y las unidades
de día. Las visitas conllevan entrevistas con los mayores residentes
de acuerdo a un cuestionario protocolizado y en el que se evalúan aspectos
tales como la atención que reciben, la alimentación, la asistencia
sanitaria, el régimen de visitas, el trato del personal y la existencia
de actividades. Se realizan a puerta cerrada y de manera individualizada. Sus
respuestas junto con el resto de datos recabados sobre los profesionales y las
instalaciones de cada centro servirán para evaluar el grado de cumplimiento
de la formativa.
Aunque se pretende desvincular los presuntos acontecimientos en el centro residencial
de Alhaurín de la Torre, que llevaron a su cierre cautelar, de estas
manifestaciones, lo cierto es que muchos son los que interpretan todo este elenco
de "anuncio" de medidas en Andalucía a estos hechos. La razón
en cualquier caso no deja de ser obvia: transmitir a la población tranquilidad,
seguridad y transparencia con respecto a las residencias de esta Comunidad y
a la vez demostrar que los centros "piratas" o que no cumplen las
exigencias normativas mínimas son un reducidísimo porcentaje del
total y se trabaja por erradicarlos al completo.
A pesar de que el anuncio de la consejera y la consecuente inspección
anual de todas las residencias puede llegar a parecer una muestra de rigor,
lo mismo no resultaría nada llamativo en otras comunidades como la de
Madrid o Cataluña, en las que, las correspondientes Leyes de Inspección
establecen la obligación legal de inspeccionar anualmente todos los centros
residenciales de atención a personas mayores.