10/07/2012

POR QUÈ UNA SUBIDA DEL IVA NO DEBERÍA AFECTAR A LAS RESIDENCIAS

El gobierno anunciará próximamente un nuevo paquete de medidas para reducir el déficit, no a través de la reducción de gasto sino mediante el aumento de ingresos vía impuestos (en esta ocasión, indirectos).

Se habla de un incremento de algunos productos y servicios que hoy tienen el tipo reducido (8%) al general (18%).  Una familia que tiene a un ser querido ingresado en una residencia y cuyo precio antes de IVA sea de 1.700€/mes  paga en la actualidad 1.836€ y, si la subida se produjese pasaría a pagar 2.006€.  No hay que ser un sesudo economista para ver que esto supondría una inmediata marcha de muchos de los residentes a sus casas con el consecuente cierre de residencias y despidos.  En consecuencia es más que posible que esta subida, tomada en relación con las residencias y servicios sociales, acabe produciendo un efecto secundario más negativo que el que se pretende obtener. 

El sector privado de atención a personas mayores sigue siendo un generador y "mantenedor" de actividad económica a pesar de la crisis.  Supone un sector en el que el empleo femenino es elevado y que, dentro de unos años puede convertise, a medida que aumente la población mayor, en un verdadero sector estratégico de la economía.

Por supuesto que todos los sectores que puedan verse afectados por la posible subida del tipo de IVA estarán diciendo cosas parecidas.  La verdad es que en el caso de las residencias hay, además dos factores de perversión en el posible aumento del tipo para las residencias privadas

1. Cuando se produjo el último aumento del IVA, gobernando el señor Rodríguez Zapatero, además de subir el tipo para las residencias privadas del 7 al 8%, se redujo el de las residencias concertadas hasta el 4%.  Posteriormente se amplió este tipo a los servicios prestados bajo la forma de Prestación Económica Vinculada (PEV), siempre que se cumpliesen unos requisitos. Esto quiere decir que una empresa que presta exactamente el mismo servicio a la administración (porque tiene unas cuantas plazas concertadas) y a los residentes (porque tiene plazas privadas y de PEV), está cargando IVAs diferentes.  Además, resulta curioso que del IVA reducido al 4% se benefician sólamente las Comunidades Autónomas (que son las que conciertan).  En principio el IVA de las plazas concertadas no tendría que afectar a las empresas prestadoras ya que lo cobran y lo repercuten pero, en la relación entre Estado y Comunidades, aplicar un tipo del 4% o del 18% sí tiene importancia (como expliqué hace dos años).

2. Las residencias tienen una gran dificultad para gestionar los impagos ya que resulta enormemente difícil poder "echar" a un residente, aunque éste no pague.  No hablo sólo de la dificultad jurídica sino, más relevante, la personal.  Las residencias no son almecenes de personas sino organizaciones en las que, junto con la atención, se establecen lazos humanos.  Para un director de una residencia, tomar la decisión de rescindir el contrato con un residente que no puede pagar supone aceptar que esta persona, una vez fuera de la residencia dejará de recibir las atenciones que necesita.  Si ya es duro que esto suceda en la situación actual, aún lo será más cuando algunas bajas venan relacionadas con el aumento del IVA.  Con toda seguridad los residentes y familiares pensarán erróneamente que "si el precio sube es que la residencia gana más", de lo que no serán conscientes es que los poderes públicos disponen de unos recaudadores gratuitos de impuestos (las empresas) que son los que están recogiendo el dinero para entregárselo.

Antes de que esta eventual medida haga eclosionar sus efector más negativos, habrá otros premonitorios.  Si parte de las familias dejan de pagar la cuota, llegará un momento en el que la residencia, aunque no haya cobrado, deberá ingresar el IVA correspondiente a las facturas giradas.  O sea que, algunos centros sufrirían, si la medida sale adelante tal como parece, no sólo por una reducción en el número de clientes sino por un menoscabo económico directo.

ACRA, patronal catalana del sector geroasitencial ya ha puesto el grito en el cielo al proclamar que la diferencia respecto de los tipos actuales que tendrían que hacer frente los 56.021 usuarios de residencias y los 16.471 de centros de día y sus familias es del todo inasumible con la actual coyuntura económica que sufren.

ACRA alerta que el posible aumento de 10 puntos que se plantea el Gobierno central no tendría que afectar la facturación de ningún servicio de atención a la dependencia, como parece que no acabará afectando ni al sector hotelero, ni al sanitario.

A raíz de las recientes informaciones aparecidas a los medios de comunicación y filtradas por fuentes del ministerio de Hacienda, en relación con la intención del Gobierno de incrementar en un 10% el IVA para una amplia gama de productos y servicios, entre los cuales se encuentran los residenciales, la presidenta de ACRA, Cinta Pascual, denuncia que esta medida sería irresponsable y del todo insensible con la delicada situación económica muchos usuarios y sus familias.

En este sentido, la organización empresarial líder del sector asistencial catalán considera que los principales afectados por una subida de este impuesto al sector serán, precisamente, los 56.021 usuarios de residencias y los 16.471 de centros de día, pues según la Ley del IVA, al tratarse de un impuesto finalista las empresas tienen la obligación de repercutirlo y el destinatario del servicio la de soportarlo.

Igualmente, ACRA reclama a las instituciones públicas implicadas en el diseño y aplicación del probable aumento, que este en ningún caso afecte los servicios de atención a la dependencia. Si así fuera, y teniendo en cuenta las tres dimensiones en cuanto a los costes de estos servicios (hotelera, sanitaria y asistencial), se entendería que el incremento grabaría sólo la parte asistencial, que es la más frágil, dado que al parecer la medida que se plantea el Gobierno no acabará afectando ni al sector hotelero ni al de la sanidad.