PREOCUPACIÓN POR EL DESLIZAMIENTO DE LA LEY DE DEPENDENCIA

A raíz de las últimas declaraciones de la Ministra de Sanidad sobre su propósito de impulsar la formación de familiares de personas  en situación de dependencia para asegurar su cuidado en el domicilio, algo que ha alarmado a todo el sector geroasistencial,  la Fundación Edad&Vida ha denunciado que la Calidad, principio bajo el que se rige la Ley de Dependencia, pierde su fuerza y razón de ser. Las necesidades de las personas dependientes no se verían satisfechas bajo el cuidado de parientes ya que son los profesionales sanitarios y sociales los que realmente conocen y saben actuar para defender la calidad de vida de las personas mayores.

 La Fundación Edad & Vida, asegura que los principios bajo los que se rige la Ley de Dependencia, Universalidad, Calidad y Sostenibilidad en el tiempo, no están, actualmente reflejados en los servicios que se prestan a las personas dependientes.

 En este sentido, sorprende que una situación como la del cuidador en el entorno familiar que la Ley de Dependencia, en un principio, señalaba como caso excepcional obtenga ahora casi el 52% de las prestaciones otorgadas a las personas con dependencia.

 Además, cabe resaltar que después de la entrada en vigor de la Ley, donde se ha avanzado en algunos desarrollos normativos y se ha puesto en marcha el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), muchas de las expectativas de los ciudadanos y profesionales del sector no se han visto colmadas.

 La cohesión social y territorial no se está garantizando en la implantación del SAAD y no existe un marco claro y estable de actuación para los actores implicados, por lo tanto la universalidad que promulga la ley se está viendo mermada por la descoordinación entre Comunidades Autónomas y el desconocimiento real de los ciudadanos en cuanto a su derecho de atención.

 Por todo lo expuesto anteriormente y en defensa de los principios de la Ley de Dependencia, la Fundación Edad&Vida propone que se establezca definitivamente un marco claro de actuación mediante la colaboración del sector público y privado, defendiendo los principios básicos de calidad y profesionalidad de los servicios de atención a la dependencia, y la clara implementación de la coordinación sociosanitaria, desarrollando el modelo sociosanitario para la gran dependencia, junto al desarrollo, presente en la Ley, de instrumentos privados de financiación complementarios que hagan sostenible la Ley de Dependencia.