Según un estudio publicado pro la Fundación UNIATE y UGT la entrada
en vigor del euro ha tenido un efecto demoledor en la economía personal
de los mayores.
Esta circunstancia tiene consecuentemente efectos negativos en el sector de
los servicios a personas mayores y hace necesaria e imprescindible la mayor
implicación del sector público para intermediar en esta situación.
Tal y como se desprende del estudio dado a conocer, más de un tercio
de la población mayor de nuestro país tiene serias dificultades
para llegar a final de mes y un dieciséis por ciento de la misma puede
decirse que vive en situación de pobreza. Casi la mitad de ellos percibe
una pensión inferior a los 720 euros mensuales y cerca de un 25% de los
mismos sobrevive con cantidades mensuales que oscilan entre los 250 y 450 euros
al mes.
Esta situación se agrava para las personas que viven solas, de las cuales
alrededor de un 25% vive en la pobreza frente a un 14% de los que viven en pareja.
Respecto a la estructura de sus gastos, un 87% lo dedican al consumo básico:
alimentación, agua, gas, teléfono etc. Siendo su capacidad de
ahorro prácticamente nula.
Esta situación deja de manifiesto la incapacidad actual de un porcentaje muy significativo de la población mayor para poder financiar su propia dependencia con su capacidad económica actual. Esta circunstancia es quizás una las causas más evidentes de que la diferencia entre la oferta y la demanda de servicios a este colectivo de la población está lejos de aproximarse.
Desde el punto de vista de la demanda de servicios públicos de atención a la persona, las diferentes Administraciones son conscientes de que NO pueden hacer frente a las necesidades de porcentajes tan elevados de población. Por ello se generan tantas demoras en la concesión de ayudas y plazas públicas de residencia y las fuerzas políticas abogan por la atención domiciliaria frente a la institucionalización en residencia, forma ésta de ampliar el colectivo de personas atendidas y por ello la trascendencia del futuro texto legal.
Desde el punto de vista de la demanda de servicios privados, la disponibilidad económica de los mayores está cada vez más lejos del precio de los servicios, lo que es obviamente un factor que incide en los problemas de comercialización de plazas residenciales e incluso de servicios a domicilio. La alternativa de quiénes tienen necesidades imperiosas que cubrir es la de acceder a un mercado alternativo de servicios a domicilio de dudosa legalidad. Preocupante que sea ésta la opción estimada no?