26/06/2006

PRESENTACIÓN DE ENMIENDAS A LA LEY DE DEPENDENCIA

ENMIENDAS A LA LEY DE DEPENDENCIA

 

El día 20 de junio acababa el período de presentación de enmiendas al proyecto de ley de promoción de la autonomía personal y protección a personas en situación de dependencia.

En total son 500 enmiendas y tres enmiendas a la totalidad (una especie de veto).

Las enmiendas a la totalidad las presentaron CiU, PNV y EA fundamentándose en la invasión de competencias autonómicas que consideraban se producía ya que la Ley afecta la materia "asistencia social" (o lo que es igual, servicios sociales, que corresponde en exclusiva a las comunidades autónomas). Cabe destacar que CiU considera especialmente negativo el sistema de financiación basado en convenios que, en la práctica, condicionan el ejercicio que cada comunidad autónoma hace de su competencia exclusiva. También consideran la Ley "intervencionista y paternalista" e "irrespetuosa con el principio de subsidiariedad". Estas enmiendas han sido las primeras en ser rechazadas por los votos combinados de PSOE, ERC e IU y la abstención del PP.

En BNG, a través de Anxo Quintana ha hecho saber su opinión respecto a la posible invasión de competencias en un artículo publicado en el ABC de 22 de junio en el que aboga por redactar una "carta universal de servicios" para los dependientes, con un reconocimiento explícito a las "singularidades de cada región". El BNG con 164, es el partido que presenta más enmiendas aunque renuncia a su inicial intención de presentar una enmienda a la totalidad. El ABC considera en ese artículo que una posible causa para el cambio puede haber sido los 60 millones de Euros concedidos por Caldera "para compensar la deuda histórica" de Galicia en materia de servicios sociales, cosa que ha suscitado críticas desde Castilla León.

El PP, con 140 enmiendas es el segundo partido más "enmendador" aunque, según Ana Pastor, son 10 los puntos que ellos consideran indispensables para garantizar el mantenimiento en el tiempo del sistema.

El PP, en fecha 15 de junio concretaba sus propuestas en el periódico digital Offcanarias: ampliar los titulares de derecho, en contraposición con las restricciones que impone el PSOE, al incluir, entre otras medidas, a los menores de tres años y a los españoles residentes en el extranjero como sujetos del derecho, y habilitar un servicio de atención específica para menores de seis años.

Otro de las medidas que aborda el PP es la de asegurar que las personas con gran dependencia tengan garantizado, con financiación pública plena, el acceso a los servicios y prestaciones a los que tengan derecho.

CARTERA BÁSICA DE SERVICIOS
Se distingue además del Gobierno en el modelo de Cartera de Servicios y Prestaciones. Para el PP, ésta debe ser básica, que se determinará por criterios objetivos y medibles, y no un nivel de protección mínimo. "Articular la Cartera Básica de Servicios y Prestaciones con un nivel de protección común financiado exclusivamente por el Estado, que incorpore además nuevos servicios como los de promoción a la autonomía y de atención sociosanitaria”.

Sobre el copago, Ana Pastor ha explicado que el Gobierno debe fijar "un nivel máximo de copago del coste de los servicios”. "El Gobierno pretende que el copago se determine anualmente a través de los Presupuestos Generales del Estado”. Con esto, ha advertido la secretaria ejecutiva, "van a dejar en indefensión absoluta a los ciudadanos y Comunidades Autónomas”.

MODELO DE FINANCIACIÓN
El modelo de financiación planteado en el proyecto por el Gobierno ha sido fuertemente criticado por Ana Pastor. A su juicio, no se puede pretender crear un Sistema Nacional de Dependencia que se financie a través de Convenios bilaterales entre el Estado y cada Comunidad Autónoma, "como si habláramos de construir puentes o carreteras”.

El PP presenta un modelo alternativo, para asegurar una financiación estable y suficiente, basada en criterios objetivos fijados en la propia ley, como la población dependiente, mayores de 65 años, datos sobre morbilidad y mortalidad así como de dispersión.

Así, la financiación del modelo debe dirigirse a las Comunidades Autónomas en virtud de estos criterios fijos y el Gobierno, a través del Fondo de Cohesión, nivelará las desigualdades entre las Comunidades Autónomas.

Por otro lado, el PP aboga por que se amplíe la representación y participación de las Comunidades Autónomas y entidades locales en el Sistema Nacional de Dependencia.

Por último, las enmiendas del PP aseguran la atención profesional como preferente, recogen que el grado o nivel de dependencia sea revisable a instancias del interesado, de sus representantes o de oficio por las Administraciones Públicas competentes, y garantiza que el baremo de valoración de la dependencia abarque factores sociosanitarios y aquellos que modulen la gravedad de la dependencia.

El Grupo Socialista también ha presentado un total de catorce enmiendas para mejorar el texto que, entre otros aspectos, introducen un reconocimiento a la labor que desempeñan en este ámbito las entidades sin ánimo de lucro, garantizando su participación "igualitaria" en los órganos consultivos del futuro Sistema Nacional de la Dependencia.

 

Los socialistas también introducen una referencia al derecho a no sufrir discriminación de los gays, lesbianas y transexuales, medidas de discriminación positiva, así como la necesidad de realizar estudios de impacto de género.

 

El PSOE también modificará el texto para adelantar la evaluación sobre el proceso de implantación del sistema a los 4 años, frente a los 5 que planteó inicialmente el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Además, incluye entre los criterios de valoración de la dependencia la discapacidad intelectual y la enfermedad mental.