07/12/2005

PRESENTADO ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS SOCIALES

ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS SOCIALES DE CATALUÑA

Cataluña tendrá nueva Ley de Servicios Sociales en el 2006. El anteproyecto de Ley, en versión provisional pendiente de revisiones técnicas y terminológicas, nos revela cuáles serán las notas más significativas del nuevo marco social. Lo más relevante: la garantía del derecho a los servicios sociales de todas las personas que tengan necesidades sociales en Cataluña, el establecimiento de un mecanismo de financiación mixta para hacer frente a esta universalización y una redefinición de la Cartera de Servicios y de los mecanismos de acceso a la misma. Todo ello bajo una voluntad de consenso entre todos los sectores implicados en los servicios sociales a la hora de elaborar este nuevo esquema social.

En Cataluña, al igual que en el resto de España, las competencias en materia social están asumidas por la propia Comunidad Autónoma. Según se reconoce en la exposición de motivos de la propuesta de Ley, el sistema actual es "un sistema débil por la falta de cobertura universal y de reconocimiento específico del derecho subjetivo al acceso a los servicios sociales". Por consiguiente es la máxima aspiración del nuevo texto el mejorar esta situación a través de un sistema que permita el acceso a la atención social de todos los catalanes no sin dejar de tener en cuenta la prioridad que precisan determinados grupos de la población que se encuentran en situación de riesgo, de dependencia u otras situaciones especiales. Con este nuevo planteamiento parece vislumbrarse un fin común con la Ley por la Autonomía Personal y atención a la dependencia: construir el cuarto Pilar del Estado de Bienestar.

Aunque se reconoce haber conseguido crear con el tiempo en Cataluña un verdadero sistema social en el que ha estado presente tanto el mundo asociativo, profesional, patronal y sindical, se ha hecho bajo una forma de organización de los servicios centralizada y burocratizada lo que ha dificultado el desarrollo de los servicios sociales que la población de Cataluña necesitaba. Por ello se aboga por un sistema descentralizado en el que se exige buscar fórmulas que hagan compatible el derecho a la igualdad de las personas con independencia del lugar dónde vivan. La organización de los servicios y la coordinación con los otros sectores del bienestar ha de centrarse en la atención a la persona a través del diseño de programas trasversales como el sociosanitario.
Una pieza fundamental del engranaje para poder transformar el actual sistema "asistencialista" en "universal" es la financiación. Por ello la Ley propone un modelo de financiación MIXTO con aportaciones de los Presupuestos Públicos ( Generalitat y Corporaciones Locales) para financiar las prestaciones básicas mínimas y de los usuarios para contribuir al pago de las citadas prestaciones y especialmente de los correspondientes gastos de alojamiento y manutención. Así pues la Administración Pública garantizará una oferta suficiente y de calidad y establecerá fórmulas de copago en función de la renta disponible.

Por lo que se refiere a la Cartera de Servicios es fundamental definir qué prestaciones se garantizarán para toda la población así como una reestructuración de los servicios sociales determinando una primera modalidad "basica" de carácter público y local que actúe como dispositivo potente de información, diagnóstico, orientación y asesoramiento individual y comunitario. El resto de prestaciones deberán articularse a partir de esta vía de acceso, tanto las asistenciales como las económicas.

Por lo que refiere a los aspectos que atañen directamente a los gestores de servicios sociales, la antesala de la Ley apuesta por un cambio tanto en los requisitos mínimos de equipamiento, como en la calidad del servicio, medidas de control, inspección y seguimiento de los aspectos cualitativos.

En nuestra opinión, la propia definición de la Ley unida a este último apunte deja entrever una nueva configuración de las relaciones entre los centros privados y la Administración. Por una parte será necesario modificar el actual sistema de colaboración con la Administración y por otro lado las exigencias y controles por parte de la misma parece que se incrementarán. En definitiva se inicia una nueva era de servicios sociales en Cataluña.