PROPUESTAS DEL CONGRESO DE DIRECTORES DE SERVICIOS SOCIALES

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha dedicado su XVII Congreso Estatal celebrado en Madrid, los días 20 y 21 de octubre, a analizar la situación de crisis y algunos de los efectos más preocupantes que afecta a las familias y a las personas, y proponer alternativas viables que, desde los servicios sociales, prevengan los riesgos de exclusión y favorezcan la creación de empleo. Entre las propuestas más destacadas figuran las siguientes:

Declaración de riesgo familiar por quiebra económica sobrevenida,

efectuada por los Servicios Sociales Básicos de las entidades locales, como alternativa de mediación para evitar desahucios por impago de hipotecas. Dicha Declaración tendría que conllevar una tutela judicial especial (medidas cautelares), de forma que los servicios sociales públicos actúen como agente tutelar y mediador para estas situaciones, diseñando un Plan de reflotamiento familiar (en paralelismo a la figura de los administradores judiciales concursales), que esté avalado por una prioridad en la movilización de recursos públicos de empleo, educación, servicios sociales…

La Asociación ha elaborado los contenidos básicos que tendrían dicha declaración de riesgo familiar. La ventaja de que sean los Servicios Sociales Básicos quienes asuman tal declaración y la función de agentes tutelares para diseñar y asegurar el Plan de reflotamiento familiar, es que se trata de una red presente en todo el territorio y que es de responsabilidad pública local, con el aval de las Comunidades Autónomas y del Estado. (40.000 trabajadores, 4.000 Unidades de Trabajo Social)

Financiación Estatal a las Comunidades Autónomas en la Ley de Dependencia vinculada al coste del servicio que prestan.

740.000 personas reciben una prestación o servicio del Sistema de Atención a la Dependencia (a fecha 1 de octubre de 2011) de los que 420.000  (57%) están recibiendo la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y cuidadores no profesionales de la Ley de la Dependencia, frente a 117.670 que reciben atención en un centro residencial y 121.000 el servicio de ayuda a domicilio. El coste medio de una ayuda familiar es de 360 € al mes, mientras que el del servicio residencial es casi seis veces mayor, 2017 €. Sin embargo las Comunidades Autónomas reciben del Estado la misma cantidad, tanto ofrezcan la prestación económica como el servicio, de manera que prestar servicios resulta mucho más costoso para las Comunidades que "la paga”. Por eso, sin necesidad de incrementar el gasto que el Estado realiza, bastaría con cambiar el criterio de distribución a las Comunidades Autónomas, haciéndolo el función del coste de los servicios que prestan y no del grado y nivel de dependencia del beneficiario, para que, con toda seguridad, se incrementase el número de personas que recibirían el servicio residencial o el de ayuda a domicilio. Por cada 100.000 personas que pasasen de recibir la prestación económica a uno de estos servicios, se generarían no menos de 30.000 puestos de trabajo directos. Por eso es tan importante este cambio de criterio, en el que la Asociación coincide con lo que están solicitando, con toda justicia, las Comunidades Autónomas más avanzadas en la aplicación de esta Ley.

Vincular los cuidados familiares y no profesionales financiados por el Sistema de Atención a la Dependencia a Grandes Dependientes y Dependientes Severos, a un servicio profesionalizado de Ayuda a Domicilio.

Esta medida, además de mejorar la atención a las personas en situación de dependencia y facilitar los cuidados a sus familiares, con un incremento de un 7 % en los costes del Sistema, podría suponer la creación de más de 10.000 empleos en todo el territorio (Ver Estudio de la Asociación: El Servicio de Ayuda a Domicilio en la encrucijada, 2010)

Ley Básica de Servicios Sociales a nivel Estatal. La Asociación apuesta por la elaboración de esta Ley, mediante un consenso de los partidos políticos. Debería partir del acuerdo alcanzado con las Comunidades Autónomas por el que se puso en marcha el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales en 1987, para financiar conjuntamente la red de servicios sociales de ámbito local. Esta Ley debería incorporar los contenidos básicos de una renta ciudadana, y debería servir para que el Gobierno de España reconduzca e incremente sus aportaciones económicas en esta materia. En caso de que no fuera posible el consenso para elaborar esta Ley, la Asociación luchará por incluir en una futura reforma constitucional, la competencia básica del Estado en los servicios sociales.

 La Asociación enviará todas estas propuestas a los Partidos Políticos, a fin de que puedan incluirlas en sus programas electorales, y les pedirá que en sus páginas web hablen del Sistema de Servicios Sociales como un sistema de garantía de derechos ciudadanos, y no como cosas propias de un pasado benéfico y asistencial; y que no lo identifiquen exclusivamente con la Dependencia, que constituye sólo una parte del Sistema de Servicios Sociales. Las 8 millones de personas atendidas en estos servicios en el pasado año -de los cuales sólo millón y medio lo fueron por su situación de dependencia-, evidencia el alcance logrado por este Sistema en nuestro país.

Calificación de las CC.AA. en materia de Servicios Sociales.

Por último, la Asociación ha estudiado y aprobado un sistema objetivo de indicadores de desarrollo normativo, gasto y cobertura en materia de servicios sociales en cada Comunidad Autónoma, para elaborar una calificación detallada de cada una de ellas que refleje sus fortalezas y sus debilidades, así como los consejos para mejorar su Sistema de Servicios Sociales. Esta calificación se hará pública anualmente. En este año 2011 se ha acordado que se publicará una vez celebradas las elecciones del 20 de noviembre, para que no se pueda interpretar como injerencia en dicho proceso electoral.