Desde que se hizo púbico el anteproyecto de Ley de Autonomía Personal y Dependencia no cesan las reacciones. Hace poco tratábamos de las comunidades autónomas que se quejan por no haber sido consultadas o por no estar de acuerdo con la aportación que tendrán que hacer al mantenimiento del futuro Sistema Nacional de Dependencia. Ver Noticia
Ahora les toca el turno a algunas asociaciones de discapacitados y mayores que se quejan sobre la figura del copago que instaurará la Ley y que hará que, aproximadamente un tercio del coste del servicio sea asumido por el propio usuario
El Foro de Vida Independiente, una plataforma ciudadana de 400 grandes minusválidos ha elaborado un documento en el que argumenta que el usuario pagará doblemente los impuestos, estará discriminado y reducirá su capacidad económica. Los médicos geriatras lamentan la escasa presencia de los aspectos sanitarios y de prevención en la futura ley. La atención a los dependientes, lo que el Gobierno ha llamado "cuarto pilar del Estado del Bienestar" debe ser igual, dicen, a los otros: la sanidad, la educación y las pensiones. En ellos nadie contribuye en función de ingresos o patrimonio. Y tanto la educación como la sanidad son servicios universales que sólo utilizan quienes lo necesitan, dicen: "Recibir asistencia para levantarse de la cama, lavarse, vestirse, estudiar, trabajar o formar una familia no puede considerarse un derecho menos fundamental que los ya consolidados". Y añaden que con el copago de servicios se ignora la voluntad mayoritaria de la ciudadanía. Citan una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas de 2005 que revela que el 54% de los ciudadanos asegura que es mejor pagar más impuestos y tener más servicios sociales y que el 70,5% opina que los servicios sociales deben ser públicos y financiados mediante impuestos.(Ver)
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), que da voz a 3,5 millones de discapacitados ha expresado su disconformidad sobre el sistema de copago que pretende llevar a cabo el Gobierno para financiar la Ley de Dependencia. También, llama la atención y muestra su desacuerdo sobre el hecho de que sólo se contemple la atención a partir de los tres años. Por otra parte, el Comité ha expresado su profundo rechazo a que las personas de rentas más bajas deban afrontar el pago compartido, en concreto aquellos que tan sólo perciben las pensiones no contributivas. Todas estas declaraciones han tenido lugar después del encuentro que estos representantes mantuvieron con el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera. (Ver)
Desde la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología lamentan la "escasa o nula presencia del tema sanitario" en el anteproyecto. "La palabra geriatría ni siquiera aparece". a SEGG ha elaborado un informe respecto al anteproyecto de Ley en el que realiza las siguientes recomendaciones
Promover programas comunitarios y de envejecimiento saludable.
Potenciar programas de atención domiciliaria.
Desarrollo de centros diurnos.
Potenciar la cobertura sanitaria de las residencias asistidas.
Generalizar la cobertura geriátrica especializada en los hospitales generales.
Garantizar el acceso a unidades de media estancia o convalecencia.
Desarrollo de suficientes camas de larga estancia.
Potenciar la coordinación sociosanitaria.
Implantar controles de calidad específicos de prevención y atención
a la dependencia. (Ver)
La Confederación Estatal de Organizaciones de Mayores (Ceoma) ha pedido que disminuya el porcentaje que tendrán que abonar el conjunto de los usuarios (entre un 20% y un 25% del coste, menos que lo que prevé el Gobierno, un 33%) y que consiga un gran acuerdo por encima de partidismos.
La Unión Democrática de Pensionistas (UDP), la otra gran confederación (1.700 asociaciones) es menos crítica, y pide un pacto entre el PP y el PSOE para sacar adelante la ley. Como primeros destinatarios de los derechos y de las prestaciones, "debemos tener acceso de primera mano a las informaciones que vayan surgiendo en torno al desarrollo del sistema", dicen
Noticia aparecida en El País de 16 de enero.