RECLAMAN MÁS PAPEL DEL MÉDICO EN LA VALORACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Como los equipos de valoración que establece la Ley de Dependencia son establecidos por cada una de las comunidade autónomas resulta que el perfil del profesional valorador varía. Lo que es común a todos es que el papel del médico no resulta el más relevante en términos de representación.

Quizás por ello no es de extrañar que, tal como leemos en Correo Farmacéutico, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) a través de su presidente, Julio Zarco, denuncie que "desde que se gestó la ley han tenido más peso específico los aspectos sociales que los sanitarios", una situación que vienen criticando desde el principio.

"Se trata de una ley marginal para el sector sanitario que no ha pasado por el Ministerio de Sanidad ni una sola vez y donde los profesionales sanitarios no hemos tenido ni voz ni voto", se queja Zarco.

Para el presidente de Semergen, "el conocimiento del paciente que tiene la enfermería o la medicina no lo tiene el trabajador social, que lo único que realiza en el domicilio de la persona dependiente es un mero trámite administrativo y nada médico", con lo que se corre el riesgo de no aplicar correctamente el baremo.

Según Zarco, varias asociaciones de pacientes se han quejado de cómo se está realizando el baremo, "puesto que tienen que llevar a la persona dependiente a pasar varios tribunales con los problemas que eso conlleva en muchos casos para que, finalmente, no se les incluya dentro del nivel adecuado"

A las quejas se han sumado otros colectivos como la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental (Fepsm) y la Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes) que sostienen que para la correcta aplicación del baremo habría que hacer una serie de cambios para que el informe de salud sea el correcto, ya que éste contempla fundamentalmente patologías de dependencia motora y no mentales.

Nadie duda hoy que la Ley de Dependencia fue muy timorata a la hora de plantear seriamente la "realidad sociosanitaria". Es muy bonito crear un nuevo derecho universal a la atención en caso de dependencia pero lo sería también delimitar claramente dónde acaba el ya existente derecho universal a la cobertura sanitaria. ¿qué parte de la dependencia es un problema sanitario? ¿dónde acaba lo sanitario y empieza lo social? La Ley ha huído de estas disquisiciones sabedora de que, una vez metido el cuchillo en el "melón sociosanitario" las consecuencias presupuestarias pueden ser imprevisibles.