Reclaman más presupuesto para la dependencia en el próximo presupuesto

Las plataformas en defensa de la Ley de Dependencia  señalan la insuficiencia de la partida asignada en los nuevos presupuestos La Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia del Estado Español (COES-Lapad) ha señalado que los presupuestos presentados por el Gobierno para el año 2016 son insuficientes, con solo un aumento de 75 millones de euros, señalan en su comunicado que «son la cámara de gas para las personas dependientes», pues a ese ritmo se necesitarían 41 años para cumplir lo estipulado por la ley.

 

Las plataformas señalan que la lista de espera sube ya a 433 852 personas, lista en la que se han incluido las valoradas con grado 1 que corresponde a dependencia moderada. No solo eso, durante la legislatura vigente han muerto 117 000 dependientes sin recibir la prestación que les correspondía y que el Gobierno no ha invertido 3 087 millones de euros a los que estaba obligado por la propia ley. Señalan que los descensos en la lista se dan por los fallecimientos y que el grado de cobertura es similar al que había en noviembre de 2011.

 

Otro de los problemas es que la ley obliga a que la aportación estatal sea del 50  % del coste real de la atención y, sin embargo, solo está aportando un 17 %, obligando a las comunidades autónomas a cubrir más de lo que les corresponde y a las personas con dependencia a asumir parte del gasto que no le corresponde.  

 

La coordinadora presentó una denuncia el 12 de agosto contra el presidente de Gobierno ante la situación dramática en la que han quedado muchos dependientes y sus familias ante los drásticos recortes y flagrantes incumplimientos de la ley y está a la espera de su resolución por parte de la Fiscalía General del Estado. En su comunicado también solicitan que los partidos políticos se impliquen con los medios de los que disponen en la ayuda a las personas dependientes.    

 

Un estado es mejor en la medida en la que protege a quienes son más vulnerables. Las personas de la tercera edad son un colectivo que, por razones puramente biológicas, engrosan cada día la lista de espera de personas dependientes que no tienen una prestación o ayuda económica sustitutoria. Las residencias geriátricas no deben ser un lujo a cargo de quien puede permitírselo, sino un derecho para aquellas personas que necesitan una atención especializada. La red de residencias de mayores pública, concertada y privada debe ser una garantía para el bienestar de los dependientes mayores y las administraciones deben velar por que así se cumpla dotando económicamente con las cantidades suficientes los servicios que se requieran.