RECOMENDACIONES DE LA AGENCIA DE EVALUACIÓN AL GOBIERNO
03/11/2009
La Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (AEVAL) ha elaborado el documento titulado “La participación de la Administración General del Estado en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia” que contiene, entre otros aspectos, algunas recomendaciones al gobierno sobre cómo debe aplicarse a partir de ahora la Ley de Dependencia.
Es una lectura muy recomendada de la que extraemos tres recomendaciones.
Recomendación 1
La AGE (Administración General del Estado) debería promover un desarrollo de la estructura del Consejo Territorial, con vistas a dotarle de los medios necesarios que le permitan cumplir plenamente con las funciones que le otorga la Ley, y que incluya una revisión de su composición. El objetivo a perseguir sería convertir al Consejo Territorial en un verdadero órgano de colaboración entre las AAPP, que promueva la fijación de objetivos comunes, la supervisión multilateral, el control entre los pares y el intercambio de buenas prácticas.
Entre las propuestas para revisar su estructura se incluiría la creación de comités técnicos permanentes, dependientes de la Comisión Delegada, que se ocupasen cada uno de un ámbito específico de la Ley y que sirvieran para dar apoyo al Consejo Territorial, suministrar información, desarrollar propuestas y dar seguimiento a la aplicación de la Ley en su ámbito de competencia. Igualmente sería conveniente una reforma de la estructura de la AGE, en especial del IMSERSO con vistas a alinear el reparto de competencias con el nuevo contenido de la Ley.
Recomendación 2
La AGE debería revisar el contenido y elaboración del marco de cooperación
interadministrativa de cara a la nueva propuesta para el año 2009. Este marco debería ser de carácter plurianual y recoger los aspectos básicos señalados en la Ley (los objetivos, medios y recursos para la aplicación de los servicios y prestaciones). Un aspecto muy relevante sería el establecimiento de unos criterios comunes para la elaboración por parte de las CCAA de sus planes de desarrollo de la red de servicios en su territorio.
Los criterios comunes establecidos en dicho marco se verían luego trasladados a la situación específica de cada CCAA a través de los convenios bilaterales que se firmarían cada año y en los que quedarían fijadas las aportaciones financieras anuales correspondientes comprometidas por cada administración.
Recomendación 3
La AGE debería ejercer su potestad, una vez agotados los recursos de negociación bilateral y multilateral, de acudir a la vía jurisdiccional para aquellos casos de flagrante incumplimiento por parte de una CCAA de disposiciones y principios básicos de la Ley.
Sería conveniente estudiar cómo reforzar el papel de la AGE en el seguimiento y la supervisión general de los servicios de dependencia prestados. Asimismo la AGE debería hacer un seguimiento detallado de los plazos y de las cargas impuestas a los ciudadanos para ejercitar su derecho, fijando unos límites máximos que todas las CCAA deberían respetar en sus correspondientes desarrollos normativos.
El informe incluye una Addenda, al haberse elaborado en un momento coincidente con la adopción de un número significativo de medidas para el desarrollo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, habiendo sido necesario actualizar la información sobre las nuevas normas promovidas por la Administración General del Estado así como las recomendaciones afectadas por estas medidas.
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