Residencias de no más de 50 plazas y muchos más inspectores - La nueva acreditación de residencias

No se podrán acreditar centros cuya construcción se inicie tras la transposición normativa que se haga del presente acuerdo por parte de las administraciones competentes, cuando superen las 50 plazas residenciales. 

Los centros previamente acreditados que superen las 50 plazas deberán presentar un plan de adecuación, bien sectorizando de forma totalmente independiente sus instalaciones, bien reduciendo paulatinamente su número de plazas preferentemente a través de la reconversión de habitaciones de uso colectivo a uso individual.

Resulta curioso que se plantee establecer esta limitación cuando la mayor parte de las plazas en España están situadas en residencias de más de 50 plazas y la gran mayoría de proyectos en marcha son de residencias de más de 100, muchas de ellas divididas en unidades de convivencia.   Supongo que quién ha hecho la propuesta la debe haber acompañado de un estudio de costes y una adaptación de las ratios de profesionales que se proponen en otros apartados del borrador.  Estaría muy bien conocer ese estudio económico.

Por otro lado, la limitación es un claro atentado a la innovación.  Si todas las residencias nuevas que esperan ser acreditadas tienen que tener como máximo 50 plazas, en la práctica se están prohibiendo las más grandes impidiendo que surjan proyectos innovadores basados en experiencias internacionales o en la creatividad local. En España se están inaugurando residencias (aquí un ejemplo) de más de 50 plazas con proyectos innovadores que resultaría ridículo excluir de la acreditación por exceder cierto tamaño. Fuera de España existen modelos con unidades de convivencia de diferentes tamaños, la mayoría de más de 50 plazas que difícilmente excluiríamos de la acreditación sólo porque el conjunto de sus unidades sobrepasa un determinado número de camas.

Es cierto que algunas comunidades autónomas están planteando en su normativa, a mi parecer de forma errónea, una limitación en el tamaño de las residencias.  Esa limitación suele rondar las 100 plazas y ya han levantado serias reservas.

Como se trata todavía de un borrador, estaría bien que hubiese una reacción que indicase claramente que ese no sería un paso en el buen camino.

Si el motivo es evitar los estragos de una nueva pandemia, quizás se debería apostar firmemente por las unidades de convivencia y la posibilidad de sectorización.

Lo que se desprende del documento es la profunda desconfianza que destila hacia el sector privado.  Y eso queda claro en el segundo punto 

(Pág 4)

Cuarto. Inspección y control públicos.

Los centros y servicios acreditados serán sometidos a inspección, control y seguimiento adecuados que aseguren un cumplimiento continuado de los requisitos que dieron lugar a la acreditación. A los efectos de garantizar lo anterior, las administraciones competentes contarán con servicios públicos de inspección suficientemente dotados, estableciéndose un mínimo de 1 inspector/a por cada 30 centros de atención residencial de los acreditados en su ámbito, con independencia de que dichas unidades de inspección alcancen también los centros de día o noche u otros servicios sociales del catálogo correspondiente.

¿De verdad la solución es inspeccionar mucho más?  Es lo que se desprende del documento.

Está muy bien lo que dice el siguiente párrafo

Las administraciones competentes establecerán y harán públicos planes anuales de inspección y comunicarán de forma periódica y accesible las inspecciones realizadas, indicando, entre otros datos, la identificación del centro o servicio inspeccionado, titularidad y gestión, la fecha, el motivo de la inspección, el resultado de la misma y, en su caso, las medidas adoptadas.

Estaría muy bien entender la diferencia entre "harán públicos" y "comunicarán".  Estaría muy bien que  los resultados de las inspecciones a todos los servicios públicos y privados.   Es cierto que en el mismo punto indica que  los centros y servicios públicos, sea cual sea su forma de gestión, habrán de cumplir, al menos, los mismos requisitos y estándares que se exijan para su acreditación a los centros y servicios privados, lo que no queda claro es que los servicios públicos se inspeccionarán y se "comunicarán".

En fin.  Toca hacer un esfuerzo. Leer todo el documento y hacer aportaciones.

A mí me gustaría recordar que hace unos años hice unas propuestas de "buenas prácticas para la inspección de residencias de mayores"