SE VISLUMBRA CUÁL SERÁ EL SISTEMA DE VALORAR LA DEPENDENCIA

JORNADA "VALORACIÓN, ACREDITACIÓN Y COMPRA DE SERVICIOS EN LA DEPENDENCIA" ORGANIZADA POR EDAD&VIDA

 

Antoni Salvà desvela las claves del futuro sistema de valoración de la dependencia.

 

El instrumento de valoración de la dependencia que se aplique a partir del año 2007 con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia contará con un baremo de implantación estatal que asegurará el acceso a las nuevas prestaciones, económicas y de servicios, en condiciones de igualdad.

Éste ha sido el compromiso manifestado por la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Amparo Valcarce, durante su participación en la Jornada "Valoración, acreditación y compra de servicios en la dependencia” que el Instituto Edad&Vida organizó ayer en Madrid.

"Las ayudas a la persona dependiente reconocidas por la Administración autonómica tendrán validez nacional porque serán establecidas en función de un baremo instituido en todo el territorio”, afirmó Valcarce. Para la Secretaria de Estado, este baremo será "clave” en la configuración de un Sistema Nacional de Dependencia como cuarto pilar del Estado del Bienestar, tras el Sistema Nacional de Salud, el sistema educativo y el sistema de pensiones, y su implantación requerirá de un marco de estrecha colaboración entre las diferentes Administraciones públicas.

Durante la jornada organizada por Edad&Vida, destacados agentes sociales, autonómicos y gubernamentales prestaron su particular visión del nuevo marco legal que regulará la dependencia a partir de enero del año que viene, fecha prevista para la aplicación efectiva de la norma que en estos momentos se encuentra en fase de tramitación parlamentaria.

Su implantación será progresiva hasta 2015 y está previsto que la Administración General destine en ese periodo una aportación económica correspondiente a 13.000 millones de euros. Según Amparo Valcarce, se trata de uno de los esfuerzos inversores más ambiciosos que hayan acompañado hasta el momento a un proyecto de ley.

Propuesta de valoración

La valoración de la dependencia en los beneficiarios del sistema fue abordada con profundidad en el marco de la jornada de Edad&Vida por el director de la Fundación Instituto Catalán del Envejecimiento (FICE), Antoni Salvá, quien expuso en su ponencia las características y el contenido de la propuesta presentada por el FICE al IMSERSO para la identificación de las personas susceptibles de recibir prestaciones según la ley.

Según explicó Salvá, este instrumento consta de un baremo de identificación con los indicadores de necesidad y los niveles de dificultad en el desempeño de actividades de la vida diaria y se complementa con dos informes sobre las condiciones de salud y las condiciones sociales de la persona dependiente.

Por fases, el proceso de valoración comenzaría con la solicitud de prestación en una unidad de servicios sociales, continuaría con la petición de la valoración médica y de la valoración social complementaria, y finalizaría con el desplazamiento de un evaluador (a ser posible del ámbito sanitario –enfermero o médico-) al domicilio particular del solicitante para aplicar el baremo.

Esta propuesta se encuentra en fase de validación y se va a estudiar próximamente en una muestra de 2.500 personas para afinar su eficacia en grupos específicos, como las personas con enfermedades mentales o los niños. Una vez aprobada la ley, el baremo será discutido en el Consejo Territorial del Sistema Nacional de la Dependencia, integrado por el Gobierno y las comunidades autónomas.

Oportunidad para transformar el sector

En esta jornada, el presidente del Instituto Edad&Vida, Higinio Raventós, también presentó un análisis sobre las oportunidades y riesgos que conlleva la Ley de Dependencia. A su juicio, la aprobación de la nueva norma constituye un momento histórico para desarrollar un marco que regule y transforme el sector y poder garantizar la calidad que se merecen las personas que necesitan estos servicios.

Actualmente, existe una gran diversidad y falta de correlación entre el coste del servicio, la calidad que se ofrece y los precios de concertación de plazas residenciales en la mayoría de Comunidades Autónomas. Así, mientras la media española está en 38’87 euros por plaza y día, existen comunidades en que se concierta a menos de 30 y otras a más de 50.

También hay mucha diversidad en los ratios de personal mínimo por plaza, en la obligación de disponer de sala de enfermería y de terapia ocupacional y en cuanto a regulación de las condiciones mínimas que deben cumplir los centros residenciales. Por ejemplo, mientras que en Baleares se exigen 12 metros cuadrados por persona, en Andalucía sólo 5 metros cuadrados.

Para Raventós, ante tal diversidad en los servicios de atención a mayores de las diferentes comunidades autónomas, la nueva Ley de Dependencia representa una oportunidad de estabilidad para el sector con el objetivo de conseguir la homogeneización de los sistemas de calidad, la equidad en el acceso a los servicios, la fijación de precios que las comunidades autónomas deberían pagar por los servicios concertados, de acuerdo con su calidad, y la acreditación de los centros.