La futura y ansiada Ley de atención a la dependencia que ahora, según
ha manifestado el propio presidente del Gobierno se llamará Ley de Autonomía
Personal, continua generando controversia. Las Comunidades Autónomas
empiezan a manifestar su malestar ante el retraso en su definición e
implantación, no existe unidad de criterio entre los principales Ministerios
implicados ( Trabajo y Asuntos Sociales y Economía), se solicita la implicación
de Sanidad en el nuevo modelo de atención a la dependencia, las propuestas
ante el parlamento se dispersan...
Todo ello ha contribuido a postergar, de momento, el debate sobre el Texto Legal
hasta después del periodo estival.
De nuevo durante el pasado mes de Abril y inicios del presente Mayo se han ido sucediendo las noticias referentes al futuro texto legal, lo que no deja de generar debate que siempre es positivo.
En el congreso de los Diputados continúan formulándose propuestas por parte de ONG's y representantes de las personas con disminución ante la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados. Entre las medidas propuestas cabe señalar: la discriminación positiva a favor de la mujer, un catálogo lo más amplio posible de servicios, la presencia de las nuevas tecnologías, programas de respiro familiar en el caso de enfermos de alzheimer etc. Respecto a la cobertura prácticamente todas las propuestas coinciden en solicitar que sea pública, universal y homogénea en todo el Estado Español.
Por su parte algunos gobiernos autonómicos, como es el caso de Asturias y Castilla León valoran muy positivamente la iniciativa legislativa del gobierno central pero están muy preocupados por cómo se va a definir el sistema de financiación. Tal y como manifiestan responsables de estas Administraciones Autonómicas la parte más significativa del coste de la dependencia se está asumiendo desde cada Comunidad y, consideran que esto debe cambiar. Por otra parte también les importa el contenido final del catálogo de servicios puesto que, dependiendo de la composición de éste, deberá hacerse un esfuerzo en incrementar programas y potenciar la oferta de acuerdo al aumento previsible de la demanda.
Precisamente respecto al crucial tema de la financiación de la Ley, son algunos los medios de comunicación, como el confidencial.com o la razón digital, que se hacen eco de un potencial desencuentro entre los Ministerios de Economía y Trabajo y Asuntos Sociales. Según las fuentes consultadas el ministro Solbes propone reducir los costes asociados a la dependencia, estimados en 7.000 millones de euros anuales, mediante el copago y limitando a los usuarios el acceso a las prestaciones, mientras que parece ser que el Ministro Caldera apoya el sistema de financiación a través de la Seguridad Social.
En unas jornadas celebradas en Oviedo, según leemos en "La nueva España Digital", Dña. Mayte Sancho, directora del Observatorio de Mayores del IMSERSO, reclamó más coordinación entre los servicios sociales y sanitarios. Es obvio que un sistema nacional de protección a las personas dependientes debe llevar parejo la citada coordinación. Según señala, a medida que crezca más el sistema de servicios sociales y sea más accesible, será más fácil conectar con el sistema sanitario. Así deberían garantizarse la continuidad de los cuidados que reciben las personas dependientes y elaborar entre los dos sistemas un plan de cuidados médicos y de atenciones. Por lo tanto la implicación de la Sanidad Pública en la atención a la dependencia, a ejemplo de otros países europeos como Alemania, es otra de las cuestiones pendientes de definir...
Con todo este movimiento informativo, ¿En que punto se encuentra la
Ley en estos momentos? Pues bien, de momento se ha aprobado una moción
para agilizar su redacción con el fin de poder cumplir el plazo que se
había fijado el Gobierno inicialmente. De esta forma la Ley iniciaría
la tramitación parlamentaria antes de finales de Junio lo que supondrá
demorar su aprobación hasta después del verano