SITUACIÓN DE LA DEPENDENCIA, CARA Y CRUZ

El 16 de Enero era el Ministerio de Sanidad quien anunciaba que había introducido medidas que permitirían una mayor transparencia en  los datos de la dependencia y difundía los resultados del sistema de dependencia a finales de 2012:

El Sistema de Autonomía Personal y de Atención a la Dependencia acabó el ejercicio anterior con la menor lista de espera desde que comenzó la Ley su andadura, pues se ha reducido en poco más de 75.000 personas, lo que supone una disminución del 23%. Al mismo tiempo, se han cuantificado más altas que bajas (unas 129.000 por 110.000, aproximadamente) y un 94% de las solicitudes que se cursaron fueron valoradas. Todos estos datos muestran un modelo "más sostenible económicamente y más accesible para el usuario”, y por si fuera poco, más atento con el gran dependiente, al que necesita asistencia y servicios con urgencia.

La reforma que puso en marcha el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad junto con las CCAA está empezando a dar sus frutos después de una etapa que desfasó por completo las previsiones presupuestarias y de asistencia a las personas dependientes, aparte de revelar opacidad en los datos y algunas deficiencias, algo que recoge el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización del periodo 2007-2011. Los acuerdos que se adoptaron en el anterior Consejo Territorial de julio de 2012 han sentado las bases de un modelo más equitativo, y hoy se han desarrollado algunos de esos acuerdos.

Tal y como ha explicado la Ministra, se ha pactado la unificación, en beneficio de una tramitación más ágil y de la homogeneización del modelo, toda la normativa sobre las prestaciones del Sistema de Dependencia. Desde ahora, quedarán recogidos en un mismo Decreto las disposiciones que regulaban los servicios y las prestaciones por grado de dependencia, los criterios para determinar las intensidades del catálogo, las cuantías máximas de las prestaciones por grado de dependencia, la regulación de los traslados de beneficiarios entre CCAA, las incompatibilidades, el reintegro de las prestaciones y la protección de los emigrantes retornados. Otro de los puntos que acoge esta única norma es la excepcionalidad de la prestación por cuidados en el entorno familiar, según la redacción de la Ley.

Esta medida, junto al compromiso de mejorar la transparencia del Sistema de Información y de la gestión de la Dependencia, propiciará un modelo que vigilará el curso de cada euro invertido.

La Asociacón de directores y gerentes de servicios sociales no ve las cosas de una forma tan positiva y, acaba de difundir una nota en la que dice, entre otras cosas que: 

Por cuarta vez, el retroceso es notorio con respecto al mes anterior: 5.064 personas que han perdido el derecho, 5.980 beneficiarios menos que el mes anterior, 3.959 grandes dependientes menos, 3.296 solicitudes activas menos que el mes anterior, y 2.381 dictámenes menos, 100.514 personas pendientes de valoración, 231.119 en el limbo de la dependencia y 15 Comunidades no mantienen la tasa de reposición. Las estadísticas oficiales demuestran que el Ministerio aplica el "escenario de ruina” al Sistema de Atención a la Dependencia. El Sistema se destruye por inanición.

Decir que se está dejando morir el Sistema de Atención a la Dependencia puede parecer una metáfora pero es la cruda realidad, las estadísticas oficiales desde hace cinco meses se relacionan con los fallecimientos tanto de los beneficiarios, como de las personas en situación de dependencia que se encuentran en la lista de espera. Esto indica que al no mantener la tasa de reposición de beneficiarios, bajar las solicitudes, los dictámenes, el número de grandes dependientes, y reducir el número de personas con derecho nos lleva a pensar que el Sistema de Atención de la Dependencia tiene fecha de cierre, cuando hayan fallecido los actuales beneficiarios y los que tienen el derecho reconocido.

Solo en este último mes se han cerrado 1.126 plazas de residencia, 220 de centro de día, 533 de ayuda a domicilio, 1.501 de teleasistencia… lo que supone el despido de un millar de trabajadores/as del sistema de atención a la dependencia. Además 4.484 cuidador@s familiares han dejado de recibir una ya mermada prestación económica.

Por otra parte, hay 3.959 grandes dependientes menos que el mes anterior. Se están forzando las valoraciones y revaloraciones para que den un menor grado de dependencia y por tanto reducir el coste ¿O se está dejando de atender a quienes más lo necesitan? Ni siquiera la lista de espera baja, y eso que la tasa de reposición no se mantiene más que en tres CC.AA (Asturias, Madrid y Navarra –precisamente tres comunidades con tasas de beneficiarios sobre población más bajas de la media española-). Todo indica que decenas de miles de personas con derecho ya reconocido o que pudieran tenerlo mueran sin ser atendidas. De lo que se deduce que los fallecimientos financian el déficit del Estado y marcan el ritmo del desmantelamiento del sistema de la dependencia.

¿A quién creer?