SITUACIÓN LÍMITE EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

Durante el mes de julio fue noticia que las residencias del Plan de Accesibilidad de la Comunidad Valenciana (sistema existente antes de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia y que continua vigente de forma transitoria) habían enviado cuatro escritos a la Generalitat pidiendo que renovase sus contratos o les dijese a qué debían atenerse las residencias y los usuarios.  Recibieron la callada por respuesta.

Lo último que nos llega ahora de la Comunidad  Valenciana es que las empresas concertadas, ante la indefinición de la consellería han enviado una carta a 1.800 familiares de residentes beneficiarios de plaza de concierto en el que les dicen que, a causa de la actitud de la Generalitat sus familiares pueden quedar sin servicio. "Se trata de una situación muy grave que se puede producir con la plaza concertada de la que disfruta usted o su familiar en uno de nuestros centros a partir del próximo 1 de septiembre”.  El motivo  es que "el secretario autonómico de autonomía personal y dependencia", Joaquín Martínez Gómez, "mantuvo en junio una reunión con las empresas con plazas concertadas con la Conselleria de Bienestar Social, dentro del llamado Plan de Accesibilidad Social". En este encuentro, el responsable autonómico comunicó la posibilidad de que, por motivos presupuestarios, no se renueven a partir del 31 de agosto los contratos de concertación de plazas, en vigor desde el año 2008.

La situación puede producir, si se llega a culminara que 1.800 residentes queden sin servicio (si es que no pueden pagar el 100% del coste de la plaza, cuando ahora pagan el 20%) y que 1.000 profesionales se queden sin trabajo. Ver noticia completa en Levante

A todo esto, hemos sabido a través de la web de la patronal AERTE que La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) dio ayer (24 de agosto) un puñetazo sobre la mesa al anunciar una reunión con sus asociados para este jueves donde «estudiaremos qué medidas tomaremos» para estudiar las consecuencias de la supresión de subvenciones de la Ley de Dependencia por parte del Consell.

El presidente de Aerte, Alberto Giménez, acusó a la Conselleria de Bienestar Social de «improvisar continuamente» en un campo «que admite pocas bromas». La preocupación es «grave» porque son «mil puestos de trabajo, que pueden desaparecer de un día para otro», explicó. Para el presidente de la patronal, el ejecutivo valenciano «se ha quitado la careta» porque «cada gobierno se define por sus acciones y éste demuestra que otros asuntos como los grandes eventos tienen preferencia sobre la cuestión social». Alberto Giménez tampoco quiso olvidarse de los familiares afectados y aseguró que los comprende porque «hablamos de la salud de la gente y con eso no se juega». De todas formas, el presidente de la patronal señaló tener «la confianza de que esto se solucione, porque no podemos admitir que no exista una solución».

Los familiares que ven la situación crítica que se les avecina han empezado también a organizarse. Ver noticia

¿Y qué dice la Generalitat Valenciana? que nadie va a quedarse en la calle. Ver noticia