SÓLO HAY DINERO PARA LOS GRANDES DEPENDIENTES

La Asociación Madrileña de Residencias y Centros de Día (AMRTE) ha organizado una conferencia titulada 'Los costes de la Ley de Dependencia: ¿van a desaparecer las plazas privadas?', impartida por Dª Montserrat Guillén, catedrática de Economía de la Universidad de Barcelona. Guillén analizó el coste real del Sistema de Dependencia y los recursos económicos con los que cuenta la Administración, asegurando que la cobertura pública prevista inicialmente "sólo podrá afrontar una parte de los costes del Sistema y, en ningún caso, cubrirá las ayudas a los dependientes severos y moderados".

(Madrid, 29/02/2008). La Ley de Dependencia ha abierto una ventana de esperanza, pero también ha provocado un gran desconsuelo en los primeros meses de vigencia, porque las ayudas se están otorgando despacio e, inicialmente, sólo se están atendiendo los casos extremos. La cobertura pública prevista inicialmente "sólo podrá afrontar una parte de los costes del Sistema y, en ningún caso, cubrirá las ayudas de larga duración (ALD)", explica Dª Montserrat Guillén, catedrática de Economía de la Universidad de Barcelona.

La aplicación del Sistema será gradual, con el objetivo de acompañar el desarrollo de las prestaciones con la creación de la infraestructura necesaria. Sin embargo, afirma Guillén, no se ha pensado en que "aquellas personas con menor nivel de dependencia serán especialmente vulnerables, puesto que no tienen prioridad para acceder al Sistema. Por lo tanto, el periodo de mayor desprotección pública se concentrará, fundamentalmente, en el intervalo de edad entre los 65 y los 80 años, cuando el grado de dependencia suele ser moderado y no muy grave". A partir de los 80 años, el nivel de dependencia es más alto y su atención más costosa por unidad de tiempo, "pero tienen una duración corta (disminuye la esperanza de vida) y el sistema público asume gran parte del coste".

Diferentes estudios apuntan a que las aportaciones presupuestarias previstas por la Ley "cubrirán escasamente el 30 por ciento del coste estimado y serán los gobiernos autonómicos y los organismos locales quienes tendrán que garantizar la prestación de los servicios y complementar la financiación", asegura Montserrat Guillén. Además, el despliegue íntegro del Sistema sólo será sostenible si se tienen en cuenta los recursos privados, de la propia persona o de su familia, imprescindibles para atender las situaciones de dependencia leve o moderada, e incluso grave, que las ayudas públicas no alcancen a cubrir. Como consecuencia, la Administración tendrá que definir medidas más impopulares como "subir los impuestos o a través de la cotización a la Seguridad Social para hacer frente al coste a todos los grados de dependencia".

Montserrat Guillén destacó también que el sector privado tiene ante sí un gran reto y una excelente oportunidad de negocio para ofrecer a los dependientes aquellos servicios de los que la Administración carece. "Se producirá, además, una simbiosis entre grupos residenciales y aseguradoras, que ya han comenzado a invertir en el sector de la atención a personas mayores y/o dependientes."