AESTE SE POSICIONA CONTRA UNA EVENTUAL SUBIDA DE LOS SERVICIOS A LA DEPENDENCIA
Después de que varias iniciativas frustradas (algunas con el apoyo de miles firmas, asociaciones, sindicatos y patronales) para que se redujese el tipo del IVA que se aplica a las residencias, parece que éste acabará subiendo. Se acaba de producir una subida de impuestos que afecta también a los precios de las residencias y otros servicios que reciben las personas dependientes.
Finalmente esperarán a julio de 2010 y el IVA encarecerá en un 1% el precio de las residencias.
Nos parece interesante la respuesta que AESTE que, a través de un escrito de su gerente, Alicia Azaña, dio a la posibilidad de subida (se emitió unos días antes del anuncio público) y en el que establece un claro posicionamiento.
Recomendamos la lectura y una posterior participación en el foro que hemos abierto sobre esta subida.
SI SUBIERA EL IVA EN LOS SERVICIOS DE DEPENDENCIA
Hace años que se viene reclamando el IVA superreducido o incluso 0 _que no supresión_ en los servicios de atención a la Dependencia, medida que beneficiaría a usuarios y sus familias, empresas prestadoras de servicios e incluso a la Administración.
Diversos grupos políticos _CIU y PP_ han venido presentando iniciativas parlamentarias para la reducción de la carga fiscal de estos servicios, que no han tenido hasta la fecha un resultado satisfactorio, y que siguiera la estela de otros países europeos del entorno con una fiscalidad reducida en servicios de atención a las personas en situación de Dependencia.
Desde AESTE vemos con preocupación el anuncio hecho por el Gobierno de incrementar 2 puntos porcentuales el IVA que soportan estos servicios que pasaría así del 7 al 9%, estaríamos ante otro nuevo golpe a la viabilidad de las empresas que cubren la mayoría de las necesidades de atención a la dependencia.
Es por ello que queremos hacer un llamamiento a la reflexión a los grupos políticos, a las administraciones, a los agentes sociales y a las asociaciones de mayores y consumidores.
Convendría reflexionar sobre lo que puede suponer para las familias un 2% más de desembolso de recursos para cubrir una necesidad: la atención de las personas en situación de dependencia, para las Administraciones un 2% menos de recursos para atender a los ciudadanos, o el encarecimiento en un 2% la compra de servicios profesionales _ que esperemos no se traduzca en la tentación de aumentar vía subsidios el número de ciudadanos que atiendan_, al margen de que nos separaría aún más de los criterios de fiscalidad para esta materia en otros países europeos.
No digamos ya para el sector empresarial _seriamente perjudicado por el desarrollo de la Ley de Dependencia en base a prestaciones económicas y no a servicios profesionales_, al que le supone una pérdida adicional _ya que las tarifas no se adecuan a los costes reales de los servicios que se prestan y la calidad que se solicita_ y esta medida les supone un detrimento de un 2% en la facturación de muchas empresas.
Si a ello añadimos que la situación en el sector es complicada, con muchas expectativas incumplidas, y por tanto retirada de inversores: Planes de enormes inversiones que no han recibido la adecuada respuesta de la administración _bien por la ralentización en la capacidad de ocupación de esas plazas o porque los planes han producido desequilibrios económicos relevantes_.
Si tenemos en cuenta además, que hay mayores dificultades para alcanzar un adecuado nivel de ocupación, y los retrasos en pagos de la administración, vemos que la situación es muy complicada y se podría generar un crack y la caída de algunas compañías _algo similar sucedió en Reino Unido_ antes de que la administración reaccionase.
Si no nos resignamos a que un sector de actividad generador de empleo estable y no deslocalizable, en una coyuntura como la actual, no destine sus recursos a servicios profesionales, no optimice los existentes mediante la coordinación sociosanitaria, o promueva el ahorro mediante incentivo a productos financieros. Mucho menos, nos resignaremos con este anunciado aumento de la presión fiscal.