SUBIDA DEL IVA. POSICIONAMIENTO DE EDAD Y VIDA

Posicionamiento de la Fundación Edad&Vida ante la subida del IVA en los servicios a la dependencia “Con productos y servicios ligados a los derechos y necesidades básicas de las personas dependientes, no se puede, ni se debe, tener afán recaudatorio” Convendría reflexionar sobre lo que puede suponer para la calidad de vida de las personas en situación de dependencia y sus familias un 1% más de desembolso de recursos. Barcelona 20 octubre 2009. El IVA superreducido o incluso 0, no su supresión, se viene reclamando hace años en los servicios de atención a la dependencia, medida que beneficiaría a los usuarios y a sus familias, empresas prestadoras de productos y servicios e incluso a la propia Administración. Desde la Fundación Edad&Vida buscamos la mejora de la calidad de vida de las personas mayores y esto pasa por que se les pueda garantizar el derecho a recibir servicios de calidad y atención profesional en situaciones de dependencia. Subir el IVA tal y como propone el Gobierno repercutirá directamente en el bolsillo de los ciudadanos que tendrán que pagar más por estos servicios. Varios grupos políticos ya han presentado iniciativas parlamentarias para la reducción de la carga fiscal de estos productos y servicios dirigidos a las personas en situación de dependencia. Hasta la fecha no se ha obtenido un resultado satisfactorio similar al de otros países europeos, con una fiscalidad reducida en estos servicios.

Desde la Fundación Edad&Vida vemos con preocupación el anuncio hecho por el Gobierno, de incrementar 2 puntos porcentuales el IVA que soportan estos productos y servicios, que pasaría así del 16 al 18% y del 7 al 8% respectivamente. Estaríamos ante otro nuevo golpe a la viabilidad de los proveedores que cubren la mayoría de las necesidades de atención a la dependencia y por lo tanto otra carga más para las personas en situación de dependencia. Es por ello que queremos hacer un llamamiento a la reflexión a los grupos políticos, a las administraciones, a los agentes sociales y a las asociaciones de mayores y consumidores. Convendría reflexionar sobre lo que puede suponer para las familias un 1% más de desembolso de recursos para cubrir una necesidad: la atención de las personas en situación de dependencia. Para las Administraciones un 1% menos de recursos para atender a los ciudadanos, o el encarecimiento de un 1% en la compra de servicios profesionales, que esperemos no se traduzca en la tentación de aumentar vía subsidios el número de ciudadanos que atiendan, al margen de que nos separaría, aún más, de los criterios de fiscalidad para esta materia de otros países europeos. No digamos ya para el sector empresarial, seriamente perjudicado por el desarrollo de la Ley de Dependencia en base a prestaciones económicas y no a servicios profesionales, al que le supone una pérdida adicional, ya que las tarifas no se adecuan a los costes reales de los servicios que se prestan y a la calidad que se solicita. Esta medida les supone un detrimento de un 1%. Si a ello añadimos que la situación en el sector de servicios es compleja, con muchas expectativas incumplidas, es posible que ante la incertidumbre haya una retirada de inversores. Empresas que tenían enormes planes de inversiones que no han recibido la adecuada respuesta de la administración, bien por la ralentización en la capacidad de ocupación de esas plazas o porque los planes han producido desequilibrios económicos relevantes, provocando un escaso desarrollo de la red de utilidad publica que la Ley prevé. Si tenemos en cuenta además, que hay mayores dificultades para alcanzar un adecuado nivel de ocupación y que hay retrasos en los pagos de la administración, vemos que la situación es muy complicada y se podría generar un crack con la consecuente caída de algunas compañías, algo similar ya sucedió en Reino Unido, antes de que la administración reaccionase. Si no nos resignamos a que un sector de actividad generador de empleo estable y no deslocalizable, en una coyuntura como la actual con importante bolsa de desempleo, no vea destinados los recursos a servicios profesionales, no vea que se optimicen los recursos existentes mediante la coordinación sociosanitaria y que no se promueva el ahorro mediante incentivos a productos financieros de previsión, mucho menos nos resignaremos, con esta propuesta por parte del Gobierno, al aumento de la presión fiscal para productos y servicios ligados a necesidades de los ciudadanos dependientes.