TENSIONES EN EL SECTOR EN CATALUÑA

Hace cinco años, antes de unas elecciones autonómicas, la patronal catalana ACRA convocó una rueda de prensa y denunció, ante los medios de comunicación que los precios que estaba pagando la Generalitat a las residencias privadas por acoger a residentes subvencionados era tan baja (unas 130.000 pesetas al mes) que no permitía dar el mínimo servicio.

La reacción de la administración fue entonces muy hábil. Admitió que el precio era bajo pero dijo que una subida de precios debería ir acompañada de una mejora de la calidad en el servicio de las residencias que acogían a residentes financiados por la administración (los conocidos como "centros colaboradores"). Propuso hacer un gran pacto entre las patronales, sindicatos y administración que vino en denominarse "Protocolo para la mejora de la financiación y la calidad del programa de apoyo al acogimiento residencial". Este pacto, que tenía una duración prevista hasta el 2003, preveía básicamente:

- Clasificar a los beneficiarios de las ayudas en tres niveles de dependencia, creando a su vez tres precios por su atención.
- Aumento progresivo de los requisitos de personal con la obligatoriedad de disponer de profesionales titulados (Médico, DUE, Trabajador/a Social, Fisioterapeuta, Educador/Animador, Terapeuta Ocupacional y psicólogo).
- Creación de una mesa técnica de seguimiento.

Aunque, a priori parecía que se contaba con una solución, los problemas aparecieron en seguida y éstos se plasmaron de diferentes formas:

Primero la Generalitat ideó un sistema, que no recogía el protocolo, que le permitía aplazar parte del precio hasta el año siguiente. Era como si les dijese: "si te tengo que pagar 100, te pago ahora noventa y el año que viene, si veo que cumples todos los requisitos te pagaré los 10 restantes". Las residencias aceptaron a regañadientes ya que no tenían otra solución pero el clima de confianza se vio afectado.

Por otro la posición de la administración se fue endureciendo, tanto en la aplicación de los criterios de acreditación como en las inspecciones que se efectúa a las residencias. Este endurecimiento incluso provocó una queja formal del sector ante el Departamento de Benestar i Familia.

Finalmente, dos factores han acabado por enrarecer el ambiente: Las posiciones de la patronal en la mesa técnica se ven sistemáticamente desatendidas y por otro se produce una súbita ralentización en la concesión de nuevas ayudas, o sea, dejan de ingresar personas financiadas por la Generalitat.

No se publican datos oficiales, pero todo el sector nota el parón, por primera vez en años las plazas libres son una realidad en casi todas las residencias e, incluso llegan a circular unas cifras que fuentes de Benestar i Família desmienten. Según un rumos que corre de forma reiterada desde hace algunas semanas, durante 2003 se habrían concedido ayudas para ingresar en residencias colaboradoras a 4.000 personas mientras que de Enero a Agosto de 2004 no llegaría a las 400. El Departamento de Benestar i Familia, consultado por Inforesidencias.com, desmiente por completo el rumor y ofrece estas cifras:

Se nota una cierta ralentización que no es de extrañar si nos atenemos a que, en la línea del nuevo gobierno, el ingreso en residencias de alta dependencia es un último recurso. Lo que se quiere priorizar es, por este orden, los servicio de atención a domicilio, los centros de día y las estancias temporales en residencias.

La patronal pide flexibilidad en la aplicación de requisitos, aumento de tarifas y poder repercutir en el precio de los residentes privados los aumentos de costes que suponen las exigencias que se han ido incorporando durante los últimos años. La administración... no se sabe cómo responderá.

Mientras tanto, el ritmo de apertura de nuevas residencias no cesa y unas 4.000 camas permanecen sin ocupar en las residencias catalanas. Ante esta perspectiva no resulta sorprendente que la patronal ACRA convoque a sus asociados a una reunión el 5 de octubre que lleva por título "¿Está en peligro el futuro de nuestro sector?"