UPIMIR CULPA A LA GENERALITAT DE LA GRAVE SITUACIÓN EN CATALUÑA

UPIMIR, unión de pequeñas y medianas residencias de Catlauña, asociación de reciente creación que agrupa ya a 200 establecimientos, ha hecho llegar a Inforesidencias.com una nota de prensa con su posicionamiento sobre la difícil situación que están viviendo muchas residencias privadas de esa comunidad que no pueden ingresar residentes beneficiarios de la Ley de Dependencia porque no son acreditados y no pueden acreditarse porque la Generalitat no publica el Decreto de Actreditación.

Vale la pena leerla detalladamente.  Recomendamos después participar en el foro de Inforesidencias.com

UPIMIR denuncia que la Ley de Dependencia se está  interpretando incorrectamente y está perjudicando profundamente  tanto a los establecimientos residenciales como a sus usuarios

 Barcelona, 18 de mayo de 2010. Desde la entrada en vigor de la Ley de Servicios Sociales  de Cataluña y de la Ley para la Promoción de la Autonomía personal, conocida popularmente como Ley de la Dependencia, el colectivo de establecimientos privados y los  usuarios de los establecimientos beneficiarios de las leyes mencionadas estamos sufriendo su incorrecta aplicación por parte del Departamento de Acción Social y Ciudadanía de la  Generalitat de Catalunya.
 
UPIMIR, como colectivo empresarial que aglutina a más de 200 establecimientos  residenciales en toda Catalunya, y tras haber mantenido reuniones con el  Departamento citado al más alto nivel que han resultado infructuosas, quiere denunciar  ante la opinión pública la incorrecta interpretación de estas leyes, que perjudica profundamente tanto al colectivo empresarial como a sus usuarios.

 Tanto la Ley de Servicios Sociales como la Ley de la Dependencia establecen que los
 usuarios tienen el derecho a elegir la residencia en la que quieren ser acogidos.  Dentro del ejercicio de este derecho, que a fecha de hoy no es respetado por el Departamento de Acción Social y los Servicios Sociales básicos que tramitan el Programas Individuales de Atención (PIA) a las personas, el usuario puede elegir un establecimiento público, concertado, colaborador o privado, es decir, los usuarios tienen el derecho legalmente reconocido a que se les tramite un PIA de prestación de servicios o bien un PIA de prestación económica vinculada ingreso o permanencia en un establecimiento absolutamente privado.  Hay pues que recordar que no debe ser la Administración quien dirija el recurso social de las personas, son las personas las que tienen derecho a escoger el lugar en que quieren vivir y los servicios sociales catalanes tienen la obligación legal de tramitar la ayuda adecuada al recurso que los usuarios han elegido.

 Exclusión de las residencias privadas

 En la actualidad, la Generalitat de Catalunya tiene ordenado que no se tramite ningún tipo de prestación económica vinculada a un servicio privado no colaborador o concertado aún que el usuario lo exija, así como, y de forma expresa, que si la persona quiere  ingresar en un establecimiento privado o ya se encuentra ingresado, deberá irse de aquel establecimiento y buscar plaza en un establecimiento colaborador o concertado.  De no hacerlo, se le iniciará el expediente de retirada de la ayuda a la dependencia.  Hay que recordar que la ley se presentó por el Gobierno socialista, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, como un derecho universal para todos los españoles.  Como asociación empresarial consideramos que la aplicación distorsionada que se está haciendo es, además de contraria a la legislación vigente, absolutamente inmoral, y que esconde la voluntad manifiesta de perjudicar de forma expresa y calculada a todas las residencias privadas de Cataluña que en la actualidad prestan sus servicios de forma legítima y ajustada a las leyes que les son  de aplicación.
 
La Administración esgrime que no puede tramitar prestaciones económicas para los usuarios vinculadas a un establecimiento privado porque no son centros acreditados; Al respecto hay que recordar que en Cataluña no existe ningún Decreto de Acreditación al que puedan acogerse  las residencias privadas.  También hay que denunciar que la Administración ha previsto para los establecimientos públicos, concertados y colaboradores un régimen transitorio de Acreditación, pero que no ha hecho previsión legal transitoria para los establecimientos privados, lo que da a entender que la voluntad manifiesta de este Departamento no es otra que dirigir a las personas y erradicar ilegalmente a las Residencias Privadas por la vía de dejarles sin clientes que puedan ingresar.

Las personas mayores y sus familias tienen el derecho constitucional de elegir su domicilio de residencia y que este lugar pueda estar cerca del domicilio habitual de la familia.  También tienen el derecho a percibir unos Servicios Sociales de calidad, a poder permanecer en la residencia privada que, antes de la entrada en vigor de las leyes mencionadas, habían elegido.  Todos estos derechos están siendo vulnerados de forma flagrante por la Generalitat de  Catalunya.

 Obligados a cambiar de residencia

 Periódicamente hemos escuchado declaraciones a los medios de comunicación de  personas que denuncian que la Administración tarda en pagar los derechos reconocidos por la  Ley de la Dependencia o que la Administración les obliga a irse de la residencia en que estaban desde hacía muchos años sólo porque el centro es privado.  Nos estamos  refiriendo a personas dependientes y personas mayores a las que la Administración obliga a trasladarse contra su voluntad o residir en un lugar en el que no quieren bajo el amenaza de retirarles una ayuda económica a la que tienen derecho.

 Las Residencias Privadas en la actualidad tienen un porcentaje altísimo de plazas  vacantes porque la Administración les ha impedido que ingresen residentes o simplemente ha obligado a irse a los que ya estaban.  Muchas de estas residencias se encuentran en una situación económica tan grave por falta de residentes que provocará su cierre con las consecuencias que ello tendrá para el mercado laboral, dado que los trabajadores  que prestan sus servicios se quedarán sin trabajo, pasando a engordar las listas  del paro, en un momento económico en el que habría que proteger a todos los empresarios desde todos los Departamentos de la Administración, a fin de evitar más cierres de empresas.

 La Conselleria de Acción Social y Ciudadanía se niega persistentemente a escuchar el clamor de las personas mayores, de sus familias, los empresarios y de sus trabajadores y de todos los grupos políticos de la oposición que continuamente denuncian en el Parlamento de Cataluña estas prácticas abusivas sin que reciban ninguna respuesta efectiva.

 UPIMIR lamenta profundamente esta situación y quiere mostrar su indignación por la  posición que ha tomado la Conselleria.  Si en algún momento desde UPIMIR se pensó  que la Conselleria sería sensi