Una de cada tres residencias en Vizcaya se organizará en pequeñas unidades para 2023

En Vizcaya ya está en marcha el plan para mejorar el sistema de cuidados de larga duración. La intención es que, para el año 2023, un tercio de las residencias para ancianos se organice en unidades de 25 usuarios, así como ampliar a Zalla y Basauri el servicio de atención a las personas dependientes que viven en sus casas. Esta inversión supondría 185 millones de euros.

El diputado general de Vizcaya, Unai Rementeria, asegura que aunque el sistema funciona correctamente y son una referencia estatal y europea en lo que al cuidado de personas dependientes se refiere, su objetivo es mejorar y ayudar aún más.

Una de las metas principales de este plan es transformar las residencias de forma que sean lo más similares a un hogar para quienes ya no pueden recibir la atención necesaria en el suyo. Para conseguir esto, se dividirán los centros en pequeñas unidades, de 25 personas como máximo, haciendo así que la atención sea lo más personalizada posible. De momento, 31 residencias han iniciado estos cambios, y se prevé que para 2023 el 35% de ellas cuenten con este modelo. Además, estas pequeñas unidades contarán con la ayuda de centros de referencia para coordinarse con el sistema de Salud y Osakidetza.

Otro de los objetivos consiste en atender y monitorizar a aquellas personas mayores que desean seguir viviendo en sus hogares, pero que precisan de ayuda. Para ello, en las próximas semanas se pondrá en marcha el centro EtxeTIC de Etxaniz, Bilbao, que atenderá a 750 personas dependientes. También se pretende ampliar este modelo a Zalla y Basauri.

Por último, se trabajará para fortalecer la cualificación de los 3.500 trabajadores de las residencias para la tercera edad del territorio con la intención de hacer que la calidad de vida de los residentes sea la mejor posible. Según afirma Teresa Laespada, diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, se liberará a los profesionales para que puedan cursar estudios de grado medio y obtener certificados de profesionalidad, y se contratará a otras personas para sustituirles durante esos períodos. «Tenemos el derecho a ser cuidados y el deber de cuidar; los cuidados no son un asunto privado», declara la diputada.