Una de las formas previstas por la Ley de Dependencia para que un beneficiario pueda recibir aquello a lo que tiene derecho consiste en una ayuda económica que sólo puede gastar comprando un servicio a un prestador acreditado. Si nos centramos en residencias geriátricas sería dar un dinero que sólo se podrá gastar ingresando a la persona en una residencia acreditada por la comunidad autónoma y complementando el precio total de la residencia con dinero del dependiente.
Es lo que se conoce como Prestación Económica Vinculada (PEV).
En Cataluña se ha utilizado muchísimo esta fórmula y se ha regulado de forma que las residencias catalanas que pueden acoger a beneficiarios de PEV sólo pueden cobrar un precio máximo por la estancia del residente, cantidad que coincide con el precio público de la residencia (el que establece la administración como el precio máximo del concierto).
Lo cierto es que en Cataluña la PEV como forma de financiar estancias es una cuestión bastante incontrovertida y, el mayor revuelo lo ha creado la Generalitat, no por su uso, sino cuando decidió unilateralmente suspender la tramitación de PEVs durante más de un año.
Ahora en la Comunidad Valenciana surge una polémica cuando un periódico plantea que la "privatización
de 2.000 plazas expulsará de las residencias a mayores de renta baja". Esa "privatización" es una posible conversión de plazas concertadas en plazas de prestación económica vinculada.
Vale la pena leer la noticia para que cada uno saque sus propias conclusiones. Algo de gran relevancia para las residencias de Mayores de la Comunidad Valenciana