13/05/2016

AERTE denuncia la escasa reducción de la lista de espera

La previsión de reducción de la lista de espera de personas en situación de dependencia no está cumpliendo con los plazos previstos por la propia Conselleria de Igualdad  y Políticas Inclusivas. En noviembre de 2015 la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, exponía el objetivo de que se incorporasen al sistema durante 2016 unas 22.000 personas para, en dos años, poder acabar con la lista de espera existente.

Listas de espera en Valencia para residenciasLos últimos datos disponibles en el portal de la dependencia del SAAD del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, actualizados a 31 de marzo de 2016, indican que los atendidos en la Comunidad Valenciana se han incrementado en 903 personas durante este año. Para alcanzar el nivel de resolución de expedientes que plantea la Conselleria hay que resolver aproximadamente unos 1.835 cada mes. Por lo que se puede comprobar,  sólo se ha alcanzado un 16,40% de la previsión de los 5.505 expedientes que debería estar resueltos a finales de marzo.

AERTE ha puesto en marcha una campaña en sus centros para pedir a la Administración que se resuelvan definitivamente los expedientes que se encuentran pendientes, y que se resuelvan teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo de noviembre de 2015 que permite la libre elección de recurso por parte del beneficiario cuando no considere adecuada la prestación concedida. 


Aumenta las prestaciones a cuidadores no profesionales


Según la misma fuente, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, lo más chocante de este periodo es que, desde enero, el número de prestaciones concedidas en residencias ha pasado de 10.682 a 10.674, es decir, se ha reducido en ocho plazas; las prestaciones vinculadas al servicio se han reducido en 46; los centros de día se han incrementado en 64 plazas y, sin embargo, el número de prestaciones para cuidador en el ámbito familiar se ha incrementado en 905, lo que supone que prácticamente el aumento de prestaciones se ha centrado en los cuidadores no profesionales.

Si bien la figura del cuidador en el ámbito familiar tiene en algunos contextos mucho sentido, la propia Ley de la Dependencia lo considera un recurso excepcional ya que pretende que se atienda a las personas por servicios profesionalizados que garanticen la calidad del servicio prestado. Por ello, el catálogo de los servicios de la Ley recoge una pluralidad de tipos para atender las necesidades concretas de las personas en situación de dependencia. Por lo tanto, no hay recursos mejores ni peores sino más o menos adaptados pero entendiendo que estos deben ser atendidos, siempre que sea posible, por profesionales.

Castilla-León, que es la comunidad autónoma con una valoración más alta en el Dictamen del Observatorio de la Dependencia, ha hecho una apuesta por los servicios profesionales con una reducción muy importante de las prestaciones del cuidador familiar, de hecho, sólo el 28,6% son de este tipo frente al 49% de nuestra comunidad. El resultado ha sido espectacular y se han creado, según ese Dictamen, 49,6 empleos por cada millón de euros que se invierten en dependencia, sin embargo, la tasa en la Comunidad Valenciana está cercana a los 25,9 empleos. Contando los 90 millones de euros nuevos destinados a dependencia en el presupuesto de la Generalitat este año, por esa diferencia, supondrían 2.133 empleos que se podían generar. 

Es la voluntad política la que decide de qué manera se quiere atender a las personas pero no debemos olvidar los retornos añadidos que tiene optar por una u otra solución. 

Además estos empleos están regulados por un contrato laboral, sujeto a un convenio colectivo, con formación y gestión de prevención de riesgos laborales, con cobertura de seguridad social, por lo que generan ingresos por IRPF y cotizaciones sociales. Sin embargo, según los datos del Ministerio de Sanidad, solo 807 cuidadores familiares de los 22.126 que hay, cotizan a la seguridad social, lo que supone el 3,65%. La prestación que reciben es de 387,64 euros en el mejor de los casos por lo que no ayudan a reducir desempleo, ni colaboran a reducir el déficit, ni generan retornos a través de impuestos. Lo más importante es que, optando por el recurso adecuado a cada persona, no a través del que menos coste supone para la Administración, y mediante los servicios profesionales disponibles, se atiende a las personas en situación de dependencia con un nivel de calidad muy alto, se genera empleo y supone un retorno muy importante para la Administración, a través de cotizaciones e impuestos.