11/02/2015

AERTE denuncia que las subastas no garantizan que se presten bien los servicios sociales

Podemos leer en El Mundo del 11 de Febrero de 2015 en su edición valenciana (pag 8) que la patronal de las residencias de tercera edad de la Comunidad Valenciana ha denunciado que en los últimos tiempos cuando la Generalitat adjudica a prestadores privados la prestación de servicios a personas de pendientes utiliza únicamente criterios económicos para seleccionar a la empresa adjudicataria.

Este es un debate que lleva años produciéndose en el sector geroasistencial de toda España.  

Equilibrio entre precio del concurso y calidad Cuando una administración quiere encargar a un prestador privado la prestación de un servicio como el de residencia asistida, teleasistencia o ayuda a domicilio, tiene que convocar una licitación y establecer unos criterios que permitan seleccionar la mejor oferta entre las que se presenten.  Aquí la administración convocante tiene un margen de discrecionalidad amplio.  Puede establecer criterios de adjudicación en los que pese mucho el modelo asistencial y la calidad; puede dar más importancia a la oferta económica más barata o puede tomar una posición intermedia.

 

Las quejas que manifiesta la patronal valenciana de las residencias de tercera edad se centran en que últimamente se utiliza la subasta como criterio casi exclusivo de forma que en ocasiones se está contratando con un precio  "inferior del propio coste incluso laboral del servicio profesional, en detrimento de la calidad asistencial y sin valorar la vulnerabilidad de los usuarios".  Esta situación "no sólo lleva a la pérdida de viabilidad de la ejecución del contrato, sino a la vulneración de los derechos sociales de los trabajadores; al deterioro irreversible de las instalaciones por falta de mantenimiento e incluso, en algunos casos, a la más que probable carencia de materia prima y suministros (alimentos, energía eléctrica, agua), que obligarán a un estricto control por parte de una Administración pública consciente de que están exigiendo un servicio cuyo coste no paga".

 Estas palabras de Maria José Mira, directora general de AERTE vienen acompañadas de unas recomendaciones a las administraciones:


  • Que tengan en cuenta las necesidades asistenciales reales de las personas atendidas
  • Garantizar una plantilla de personal profesional y contratado bajo el paraguas de la legalidad laboral.
  • Valorar la capacidad técnica de las empresas prestadoras de los servicios así como sus sistemas de calidad e innovación.
  • Controlar el cálculo real de los costes de funcionamiento del servicio en las necesarias condiciones de calidad.
  • Limitar la posibilidad de bajadas en la oferta económica por debajo de un límite.
  • Velar por el respeto de los derechos y condiciones laborales en base a la normativa laboral sectorial existente en cada caso, o asegurar mecanismos de control y seguimiento que permitan comprobar la prestación de servicio en las condiciones fijadas en el contrato y cumpliendo con la legalidad. 

  • Una noticia que seguro resultará de interés a las residencias de tercera edad de la Comunidad Valenciana