Las plazas se adjudican por lotes que van entre las 90 y las 460 por lote y cuentan con un presupuesto previsto de más de 188 millones de euros para un contrato de tres años de duración.
Uno de los factores de retraso fue que en febrero se excluyó del concurso a tres empresas de las diez que se presentaron. Estas recurrieron la decisión ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), que decidió que fueran readmitidas en la licitación en mayo, lo que hizo que la adjudicación se paralizara tres meses.
Otra circunstancia fue que en julio se paralizó de nuevo el concurso por otros dos recursos en el TACRC por varias exclusiones en la entrega de la documentación para la adjudicación. Aunque los recursos están resueltos, no ha habido avances ni siquiera con aquellas empresas que no estaban afectadas.
Según el departamento de Igualdad y Políticas Inclusivas, la culpa de la demora es de las empresas que se presentan al concurso a la vez que llevan a resolver los recursos a los tribunales. Desde el departamento se dice que se han adjudicado tres de catorce lotes y que el resto no se ha podido hacer por diversas circunstancias.
También señala que la presentación de recursos por parte de las empresas paraliza el proceso y que algunas es la primera vez que se presentan y no han presentado de manera adecuada la documentación, lo que ralentiza las adjudicaciones finales.
Esperamos que se resuelva lo antes posible la adjudicación de las plazas.Es un número muy elevado que hace muy notable la necesidad de ellas por parte de las personas que las han solicitado, que engrosan una lista de espera que en junio era de 3400 personas. Por otra parte, las empresas también deben tener en cuenta las adjudicaciones con vistas a su gestión, pues alegan que estos retrasos complican su situación económica de manera grave al tener las plazas y el personal previsto, pero sin ocupar.