05/06/2007

FISCALIA DE ALICANTE NO PUEDE INSPECCIONAR TODAS LAS RESIDENCIAS

LOS FISCALES DE ALICANTE, INCAPACES DE INSPECCIONAR TODAS LAS RESIDENCIAS

 

Una curiosa noticia aparecida en el Diario Información ha llamado nuestra atención. En ella se pone de manifiesto la incapacidad de los fiscales alicantinos para poder inspeccionar las 300 residencias de ancianos de la provincia con la finalidad de comprobar si los residentes han ingresado voluntariamente y si aquéllos que sufren enfermedades o deficiencias de carácter físico o psíquico que les impide gobernarse por sí mismos han sido incapacitados y cuentan con el correspondiente tutor.

La fiscalía inspecciona las residencias geriátricas

Resulta curioso este arrebato inspector por parte de la fiscalía. En la noticia se dice que los fiscales/inspectores quieren saber, entre otras cosas,si los residentes con demencia tienen un auto de internamiento.

Suponemos que todos los residentes que sufran demencia en fase avanzada (al rededor de un 45%) serán sujetos a un procedimiento de incapacitación a iniciativa del fiscal y que, además se iniciará un procedimiento de internamiento. Lo curioso es que, según los jueces de media España, el procedimiento de internamiento no es aplicable a residencias geriátricas y en casi todo es estado, cuando las residencias comunican de forma habitual todas las situaciones de incapacidad de los residentes, sólo en los casos en que hay riesgo, mucho patrimonio o problemas familiares se llega a incapacitar de forma sistemática.

La dispersión de interpretaciones y usos por parte de jueces y fiscales hace que una de las pocas cosas que es común a las residencias delas 17 comunidades autónomas (la regulación civil de internamientos e incapacidades) se convierta en tan dispersa como la reglamentación autonómica.

Además, cuando cada comunidad autónoma dispone de su inspección de servicios sociales resulta curioso que, en vez de establecer una colaboración entre administraciones se opte porque los fiscales inspeccionen los centros por su cuenta.

A nadie le parecería lógico que a partir de ahora los fiscales también inspeccionasen los edificios en construcción, los invernaderos o los talleres textiles para detectar posibles irregularidades punibles, aunque todos entenderíamos una actuación coordinada con inspección de trabajo para impedir la explotación. ¿Puede hacerse una analogía con lo que pasa con las residencias?

Esto es lo que dice el artículo en cuestión:

L a falta de fiscales mantiene bloqueado el plan de inspección de residencias geriátricas de la provincia de Alicante que puso en marcha la Fiscalía  a finales del año pasado, según confirmaron fuentes del ministerio público. Las cifras hablan por sí solas, ya que el ritmo de trabajo de la Fiscalía sólo permite hacer la inspección de dos de estas instalaciones cada dos semanas y se estima que en la provincia de Alicante hay más de 300 de estos centros, y según el fiscal jefe de Alicante, José Antonio Romero, existen informes que hablan de cerca de un millar de residencias. La Fiscalía destinó un fiscal más para ayudar a los dos que estaban llevando a cabo estas revisiones, pero este refuerzo ha sido insuficiente.

La iniciativa se puso en marcha después del pasado verano, tras las inspecciones que llevó a cabo la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana en geriátricos de Valencia, residencias, pisos tutelados y otras dependencias. La Federación de Pensionistas Jubilados y Minusválidos de Comisiones Obreras reclamó que la iniciativa se extendiera también a la provincia de Alicante. Sin embargo, fuentes del ministerio público señalaron que ambas provincias son muy diferentes y la situación no es intercambiable. La memoria de la Fiscalía del TSJ reflejaba un centenar de inspecciones en la provincia de Valencia. En el caso de Alicante, se estima que esta cifra es sólo el número de residencias que hay en la Marina Baixa. El Campello y Sant Joan, así como la zona de Torrevieja, son otro de los puntos que mayor volumen de estos centros concentran. No hay una cifra sobre el total de residencias que tiene la provincia. Algunas fuentes de la Fiscalía apuntan a más de 300 y otras dicen que llegan al millar.

El objetivo de estas inspecciones es analizar si los ancianos están internados de manera legal o si tienen tutor, en caso necesario, que les ayude administrar sus recursos de manera idónea para evitar una gestión fraudulenta de su patrimonio. La Fiscalía ha descartado entrar a inspecciones el estado en el que se encuentran estas residencias de tercera edad y sus condiciones, ya que se considera que el control de estos factores son responsabilidad de la Conselleria de Bienestar Social. En cada visita, se hacen entrevistas a los residentes y se averigua si tienen un auto judicial de internamiento y la situación legal en la que se encuentran. Dado que se trata de personas que han sido declarados incapaces por un juzgado, con estas visitas se persigue velar por los derechos de estos residentes. En el caso de Valencia, se llegaron a detectar algunos casos de personas que estaban al cargo de estos ancianos y que accedían a sus bienes.

..... (Leer todo en el enlace de la parte superior)

 

 Noticia de interés para las residencias geriátricas de la provincia de Alicante