20/05/2004

SOBRE INSPECCIONES Y SANCIONES

LA COMUNIDAD VALENCIANA EXPLICA SU ACTUACIÓN INSPECTORA

 

En el periódico La Verdad.es de 24 me mayo aparece una reseña al número de inspecciones llevadas a cabo en la Comunidad Valenciana durante 2003.

Así, se habrían inspeccionado 127 geriátricos y se habrían cerrado cuatro.

La noticia tiene truco. Suponemos que la información facilitada por la admnistración debía ser más prolija pero el periodista decidió poner sólo lo "más relevante".

La Comunidad Valenciana tiene aproximadametne unas 300 resdiencias de las que unas 220 son privadas (estos datos del IMSERSO no aparecen en la noticia). Así, si se visitarn 127 quiere decir que se dejaron de inspeccionar otras tantas con lo que, aunque sea una buena media, no permitiría cumplir con las obligaciones que establecen normativas como la catalana o la madrileña.

Por otro lado no aparece el número de expedientes sancionadores abiertos. El cierre de una residencia es una medida muy "espectacular" pero poco significativa de la actuación de una administración. Aún así cerrar cuatro residencias en 127 inspecciones sí que es bastatne elevado.

La noticia también habla de pasada del sistema de control de calidad que las residencias de la Comunidad Valenciana tienen que acreditar mediante evaluaciones externas.

Sería muy interesante que el periódico nos hubiese dicho cuántos expedientes sancionadores abrieron y cómo está yendo el sistema de calidad implantado.

A ver si alguien de la Generalitat lee esta noticia y nos hace llegar los datos a info@inforesidencias.com.

EN CÁCERES CIERRA UNA DE LAS PRIMERAS RESIDENCIAS PRIVADAS DE LA PROVINCIA POR SANCIÓN ADMINISTRATIVA

Así lo recoge la web Hoy Digital. Según la noticia publicada la residencia San Pancracio habría tenido una sanción de 18.000 Euros y un año de cierre, aunque la Junta ya ha advertido que no dejará volver a abrir la residencia si no corrige los defectos. De hecho la residencia lleva cerrada cautelarmente desde julio pasado por lo que este próximo julio, en principio ya habría cumplido la sanción.

Lo que resulta más sorprendente de esta noticia no es tanto el hecho de que en una residencia se encuentren unas posibles infracciones y se sancionen sino la cuantía de las mismas. La verdad es que los propietarios de la residencia pueden sentirse aliviados de estar en Cáceres y no en Andalucía (sólo por mencionar una comunidad cercana), allí, aplicando la Ley 6/1999 de protección del mayor, sólo por una infracción muy grave ya habría recaido una sanción, como mínimo de 60.000 Euros (que podría llegar a los 300.000). Además la ley andaluza prevé (art. 58) podría haber ordenado publicar la sanción en medios de comunicación a cargo del sancionado.

Quizá sea éste un tema a reflexionar entre todos. Resulta evidente e indiscutible que, si las competencias en materia de servicios sociales son autonómicas, existirán reglamentaciones diferentes pero ¿no debería, intentarse al menos, establecerse un sistema mínimo común en el que se determinasen, por ejemplo, las características arquitectónicas básicas, las pautas esenciales de exigencias de personal y un cuadro de infracciones y sanciones común? La propuesta es necesariametne controvertida pero quizá algún día haya que plantearla entre todos los interesados.