VALENCIA CREA UNA EMPRESA PÚBLICA PARA GESTIONAR RESIDENCIAS

Según hemos leido en Panorama Actual la consellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, en la inauguración de la residencia La Saleta Campolivar en Godella, dijo que en 2005 se han creado en la comunidad Valenciana 1.500 nuevas plazas residenciales con lo que ya ha alcanzado las 22.000.

Este aumento se debe, a criterio de la Consellera, en parte, al impulso dado por el programa bono-residencia. Lo curioso es que en toda la noticia no se dice nada sobre el famoso "plan 9.000" que, cuando se vió que no se iba a cumplir pasó a llamarse "plan Blasco", nombre del consejero que lo puso en marcha. El motivo lo vemos en el siguiente párrafo y es que el famoso plan ha pasado a mejor vida.

La consejera de Miguel también ha hecho otra manifestación, esta vez en el Diario Levante de 17 de Septiembre que tiene mucho jugo: la creación de una empresa pública que se dedicará a la «construcción y gestión de infraestructuras relacionadas con los servicios sociales». La Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales (Avapsa) será una «sociedad anónima de capital público, dependiente de la Conselleria de Bienestar Social» y en su consejo de administración estará Presidencia y las consellerias de Economía y Sanidad.

Siguiendo con la noticia publicada De Miguel remarcó que esta sociedad estará «sujeta a derecho privado», por lo que sus contratos escaparán a la fiscalización parlamentaria.

El plan anterior, que iba a permitir la creación de 73 residencias nuevas en regimen de concesión y de los que se han abierto 48 quedará olvidado.

Muchas personas que creemos en la financiación pública de los servicios sociales y la prestación por parte de empresas privadas fiscalizadas por la administración nos preguntamos ahora qué hace que una consejera de un partido con posiciones liberales en lo económico cree una empresa pública regida por derecho privado y no fiscalizable por el parlamento para construir y gestionar servicios sociales.

Algunos gestores públicos defienden la "huída del derecho administrativo" que fomenta la creación de empresas públicas y otras formas jurídicas que permitan a quien gestiona hacerlo sin los "corsés" y limitaciones que marca el derecho (especialmente en lo referido a contratación y a personal). Los defensores de esta huída creen que hay que tener confianza en el gestor y dejarle actuar en defensa del interés general sin que la ley suponga una cadena de trabas que impiden la eficiencia. El problema es que el derecho administrativo impone "corsés" y trabas para garantizar unos principios en el funcionamiento de las administraciones públicas y la experiencia nos enseña que es más fácil caer en la tentación de la corrupción cuanto menos controles haya.

El Plan 9.000, o Plan Blasco tenía dos problema de base y es que no garantizaba desde el principio el suelo para la construcción de las residencias y tenía un precio de concierto posterior insuficiente para los requisitos exigidos. Buena prueba de que algo fallaba es que no concurriesen las grandes cadenas gestoras del sector (que sí fueron al concurso del Plan Velocidad de Madrid).

El plan no fue bien diseñado pero eso no quiere decir que el sistema de concesión de suelo y traslado del coste de la inversión a la iniciativa privada sea malo.

El diario Levante atribuye a un "empeño de la consejera en escenificar una imagen de corte socialdemócrata" esa iniciativa.

Quizá los ciudadanos tendríamos las cosas un poco más claras si los socialistas escenificasen imágenes de corte socialdemócratas y los populares lo hiciesen con otras de corte liberal o centrista. Pero, ¿qué le haremos? Cada pueblo tiene a los políticos que se merece.

Noticia del 17 de Septiembre