Según Aerte, faltan 1468 plazas nuevas para alcanzar la media estatal, eso supondría 15 centros nuevos de cien plazas cada uno. La necesidad es acuciante pues las proyecciones de población, si no se pone remedio, llevarán a una inevitable carencia de servicios tanto de espacios físicos como de profesionales.
Por su parte, el Observatorio Estatal para la Dependencia en su último informe señala que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas prima las ayudas para cuidados en el entorno familiar frente a las prestaciones en residencias. Según la Plataforma en Defensa de la Dependencia de Castellón la causa está en que las ayudas a domicilio están por los 300 euros al mes, mientras que una plaza en una residencia de mayores puede alcanzar los 2000 euros mensuales.
Otra cuestión que señala Aerte es que se opta por una atención no profesional al primar la atención por parte de cuidadores familiares y la preferencia ONG, lo que desincentiva la inversión privada por parte del sector, que prefiere comunidades autónomas más propicias a la colaboración entre lo público y lo privado.
Para Aerte, la colaboración entre la Administración y las entidades privadas facilitaría poder atender a muchas más personas mayores, aumentar las plazas y generar empleo estable. La Conselleria prevé para este año 72 nuevas plazas subvencionadas en residencias geriátricas de la provincia.