Cantabria ya la tiene y ahora es Andalucía quien prepara la suya.
Parecía que con la tramitación de la ley de dependencia estatal y la configuración de derechos subjetivos a nivel estatal (con la financiación correspondiente) se pavimentaba el camino de la solución a la dependencia. Algunos manifestaban el temor a que no existiese un único modelo de protección, y parece que la cosa va a ir por allí.
El presidente andaluz anunció en Octubre que la junta va a aprobar en esta legislatura una Ley de Atención a las Dependencias en Andalucía que reconocerá la atención residencial a las personas dependientes como «derecho subjetivo» cuando no se pueda realizar en el ámbito familiar.
La ley potenciará recursos como estancias diurnas, viviendas tuteladas, ayuda a domicilio, teleasistencia o unidades de respiro familiar, con el objetivo de facilitar la permanencia de los usuarios en su propio domicilio, algo que suena muy parecido a lo que también potenciará la futura ley estatal de dependencia.
Tendremos que esperar durante estos próximos meses a saber si, finalmente el avance de la ley estatal frenará iniciativas autonómicas o éstas coincidirán.
Como cuestión de reflexión deberíamos pensar que, si se considera que la protección a la dependencia se situa dentro del campo de la asistencia social, correspondería en exclusiva a las comunidades autónomas su reglamentación. En cambio, si se vincula con derechos fundamentales o seguridad social se justifica la intervención del Estado.
Esta situación de "limbo jurídico" hace posible que,
aún después de creado el modelo estatal, cualquier comunidad autónoma
(que tenga ganas y recursos) pueda seguir creando normas de servicios sociales
sobre atención a personas dependientes, no olvidemos que, si no existiese
un problema de financiación, posiblemente nadie estaría reclamando
la ley de la Dependencia.
¿Cómo afectaría esta ley a las residencias de tercera edad Andaluzas?